La Fiscal General Diana Salazar ha presentado 85 elementos de convicción en contra del exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario para la reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, todos procesados por presunto peculado en la contratación de obras en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
La Fiscalía ha pedido prisión preventiva en contra de Glas y Bernal. Contra Ortiz ha solicitado prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez.
Ha presidido la audiencia de formulación de cargos el juez nacional Luis Rivera.
La audiencia se instaló en su cuarto intento, «7 meses después de que Fiscalía solicitara fecha y hora para formular cargos, y más de un mes después de que el juez Luis Rivera pidiera ‘autorización’ a la Asamblea para procesar al exvicepresidente Jorge G.», apuntó el Ministerio Público.
En el llamado caso ‘Reconstrucción’, la investigación de la Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Ingresa en la Embajada de México
Fiscalía alega que se contrataron proyectos como el vial Manta-Colisa y el parque Las Vegas pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016.
Para justificar la prisión preventiva para Glas, Diana Salazar señaló que ha dado muestras de querer evadir a la justicia al ingresar en la Embajada de México, en Quito, el pasado 17 de diciembre, luego que conoció que la Fiscalía iba a iniciar actividades de investigación en el caso Reconstrucción de Manabí.
“Existe una presunción objetiva de ley de que el imputado (Glas) tratara de evadir la efectiva acción del derecho por la reincidencia delictiva. (…) El único fin que tiene al haberse refugiado en esa embajada es no comparecer a las siguientes etapas procesales. (…) Lejos de ser un perseguido político es un ciudadano que quiere evadir la acción de la justicia”, alegó.
Glas, que estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel, había sido sentenciado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis años por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Glas ha dicho que buscará revertir ese caso después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas usadas por Odebrecht, que han afectado a políticos de ese país (incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva) y a otros de la región.
Defensa de Glas
En diciembre pasado, Sonia Vera, del equipo de defensa internacional de Glas, consideró que su defendido sería llamado a juicio en el caso ‘Reconstrucción’.
Vera dijo entonces a EFE que, en ese caso, a Glas lo acusan de presunto cohecho por el manejo de fondos públicos en la reconstrucción de Manabí: «Mi cliente nunca maneja fondos, era parte de una comisión que simplemente priorizaba los proyectos» y se dio prioridad a la construcción de un parque y una carretera, explicó.
«Hemos denunciado durante estos seis últimos años una cruenta persecución jurídica y política en contra de mi cliente», dijo Vera al apuntar que esto presuntamente se exacerbó tras la petición del movimiento correísta Revolución Ciudadana de juicio político para la fiscal Diana Salazar, por presunto «incumplimiento de funciones».
Sobre el eventual otorgamiento del asilo solicitado alegando persecución política, la Cancillería dijo en diciembre pasado que no sería lícito y advirtió que actuará con «absoluta firmeza» en caso de que se concrete. EFE
