Guayaquil, Ecuador
Como si aún pudiéramos descender más en el abismo de la crisis que vivimos (consecuencia de años de corrupción, de la entrega del Estado al narcotráfico y un sistema que ha generado pobreza y miseria), seguimos contemplado hechos verdaderamente caóticos. En medio de esta tempestad, hemos visto con esperanza la cruzada que el presidente Daniel Noboa ha iniciado contra grupos terroristas que han sembrado el desasosiego en el país.
Aun cuando la lucha se aplaude con júbilo, pues la ciudadanía ya no toleraba estar subyugada al miedo infundido por estos grupos delictivos, lo cierto es que aún se deben mejorar varios aspectos en esta contienda contra el crimen, pues no puede ser esta una batalla superficial que quede en el olvido, debe ser una oportunidad de restablecer el orden y sanar la estructura del Estado mismo.
Uno de los principales sectores donde se ha evidenciado que se necesita atención prioritaria es en todo el sistema judicial, desde renovar a los jueces hasta brindar seguridad y protecciones adecuadas a los agentes fiscales. Es realmente penoso e inaudito que estando en un conflicto armado no se estén tomando tan siquiera las medidas mínimas de protección a aquellos que luchan contra el hampa y el terrorismo. ¿Cómo puede creerse posible que en plena declaratoria de conflicto armado interno haya tenido lugar el asesinato del fiscal César Suárez?
El abogado Suárez fue un agente fiscal reconocido por varios procesos penales contra actos de corrupción, tales como las investigaciones en los hospitales Abel Gilbert, Los Ceibos, y Teodoro Maldonado Carbo, en los cuales fueron procesados gerentes, jefes de compras, entre otros actores públicos y privados. Sobre todo, destacaba actualmente su función como el fiscal a cargo de procesar a los 13 terroristas que irrumpieron en el canal TC Televisión.
Si bien toda muerte inocente es un fracaso para la sociedad y todo asesinato de funcionarios honestos lo es para el Estado, es aún más lamentable que no se haya podido proteger la vida de quien estaba al frente de las investigaciones en el caso que desató la guerra que se está librando. El asesinato del fiscal Suárez pone en evidencia la incapacidad del Gobierno de destinar los recursos necesarios para asegurar la protección de aquellos que están luchando contra la delincuencia. Y es que aun cuando conocemos la problemática económica y el déficit fiscal que aqueja a los ecuatorianos, no podemos perder el horizonte de las responsabilidades estatales.
Es un deber fundamental y primordial de los Estados asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo por años el Estado Ecuatoriano se desligó de esta obligación, en gran parte por pretender abarcar funciones que no son fundamentales y utilizar fondos de las arcas fiscales para cubrir gastos que no eran ni vitales ni prioritarios para el Estado. También se debe mencionar el excesivo gasto burocrático existente. Más nada es justificativo para el olvido del Estado con respecto a la seguridad.
Toda la situación que enfrentamos, agravada con los asesinatos a funcionarios del sistema judicial, nos debe servir para darnos cuenta de que como sociedad hemos perdido la brújula sobre el rol de los gobiernos. Al atacar tan fácilmente a aquellos que encabezan la lucha contra el terrorismo, el mensaje que estos grupos le dan a la sociedad es que tienen mayor alcance y poderío que el mismo Estado, situación deplorable al tener el Estado el monopolio legítimo de la fuerza, capacidad dada por los ciudadanos con el objetivo justo de que se provea seguridad.
Es menester mencionar que otro efecto de dejar en vulnerabilidad a los agentes de justicia es permitir que se fomente la corrupción debido al miedo, pues con los actos que hemos presenciado ¿quién no sería susceptible de ver su voluntad quebrantada ante amenazas? ¿Cómo pedirle a cualquiera que actúe de forma íntegra cuando el precio de la honestidad es una muerte certera?
No podemos obviar que hasta la valentía tiene sus límites y no es congruente esperar que nuestras autoridades actúen virtuosamente si no tienen las medidas de seguridad y protección necesarias para cumplir con sus deberes sin ser presas del temor; y es que es por esta situación como vemos que ya hay jueces que sucumben al miedo, pues ya son varios los casos en que delincuentes aprehendidos son liberados por jueces sin mayores explicaciones ni las investigaciones pertinentes. Para mejorar esta lamentable situación, no solo basta cambiar de jueces, se debe garantizar la protección integral e incluso del círculo familiar de los administradores de justicia para que puedan cumplir su misión sin temores.
Como ciudadanos, debemos exigir que nuestro Estado y sus autoridades se enfoquen en cumplir a carta cabal las obligaciones indispensables. Debemos reflexionar sobre lo que le reclamamos a las autoridades y enfatizar en la tan necesaria seguridad que incluye la protección a los funcionarios que buscan llevar ante la justicia a los terroristas. El gobierno debe actuar con inteligencia y de manera certera, invertir sin reparos en todos los elementos necesarios para restaurar el orden y la paz en el territorio ecuatoriano.
Pero esto debe continuar aun ganada la guerra; debemos ser partícipes de la recuperación de la institucionalidad, demandando el fiel cumplimiento de deberes estatales fundamentales y no cayendo nuevamente en discursos políticos que, a fin de cuentas, han generado pobreza y nos han impedido tener recursos necesarios para enfrentar adversidades como las que ahora vivimos.
Ecuador volverá a tener paz. Los ecuatorianos resistiremos juntos, pero debemos trabajar a conciencia por una sociedad que garantice permanentemente el trabajo, la seguridad y la libertad, lo cual lograremos velando que el Estado se enfoque en sus deberes prioritarios.
