El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, decidió aceptar el pedido de la Fiscalía General del Estado y ha dictado prisión preventiva contra diez de los doce procesados capturados la madrugada del lunes 4 de marzo por presunta delincuencia organizada, entre ellos el exlegislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.
Su mujer, Mónica Alvarado Bardi, ha recibido prohibición de salida del país y orden de presentación periódica ante el juez. Igual medida ha recibido Saúl Mero Zambrano, funcionario administrativo del Consejo de la Judicatura en Guayaquil.
La Fiscal Diana Salazar acusó a Muentes de liderar una estructura criminal que influenciaba en las decisiones de los jueces de la Corte de Justicia de Guayas.
Entre los acusados con orden de prisión preventiva se encuentra también la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayaquil, Fabiola Gallardo Ramia. Además de los jueces de la misma corte: Johan Marfetán Medina, Henry Taylor Terán, Alberto Lino Tumbaco, Guillermo Valarezo Cuello y Nelson Ponce Murillo.
El juez Reinaldo Cevallos Cercado tiene prisión domiciliar por tener 71 años edad. Deberá llevar grillete electrónico.
Un primo de Muentes, Fausto Alarcón Gómez, considerado por la Fiscalía como «testaferro» del exlegislador, también tiene prisión preventiva. Al igual que Ruth Solano Padilla, procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la que se acusa de haber remodelado la oficina de la expresidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, a cambio de una resolución judicial favorable.
Muentes quiso alegar depresión
Luego de escuchar los argumentos de la defensa del exasambleísta, El juez desestimó los argumentos de la defensa de Muentes, que presentó certificados médicos donde se aseguraba que el exasambleísta socialcristiano sufre trastorno depresivo, ansiedad e hipertensión arterial. De la Cadena Señaló que estos no se configuran en los casos especiales que contempla el Código Penal, pues no se trata de una enfermedad terminal. «Existe un riesgo procesal. La medida de prisión es idónea», dijo.
La diligencia comenzó cerca de las 21:00 del 4 de marzo de 2024 y se extendió hasta la madrugada del martes, cuando fue suspendida para ser retomada al cabo de 10 horas, pasadas las 18h00.
El Caso Purga empezó a investigarse el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra Salazar, una relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, capturada y procesada por el Caso Metástasis. Según la Fiscalía, Salazar era pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero, y lo ayudaba a coordinar resoluciones judiciales.
El juez de la causa estableció un período de instrucción fiscal en 90 días.
