A través de un extenso comunicado, la Cancillería Ecuatoriana ratificó su decisión de no brindar un salvoconducto para que Jorge Glas viaje a México en calidad de asilado. El Gobierno cree que la concesión de asilo diplomático es ilícita, pues no se apega a lo dispuesto en ninguno de los acuerdos internaciones de los que forman parte.
De igual forma, ratificaron que no han recibido la notificación oficial acerca de esta decisión, por lo que se encuentran a espera de la misma.
En el documento, la Cancillería recordó que Ecuador y México forman parte de la Convención sobre Asilo Político de 1955 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. El artículo III de esta última y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, «establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes».
La Cancillería indicó que la Embajada de México sabe de los procesos judiciales en contra de Glas, pues remitió «oportunamente» la información acerca de las sentencias condenatorias del Exvicepresidente, por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia dentro de una causa por delito de peculado.
«La concesión de asilo diplomático, en este caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad», se lee en el comunicado.
La Cancillería dice que México debe entregar a Glas
Según Ecuavisa, en el comunicado, la Cancillería recordó a las autoridades de México lo establecido en los artículos III, inciso segundo, de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que determina:
«El Gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge David Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador».
Añadió que el actual Gobierno actuará en apoyo a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, con la finalidad de erradicar la impunidad por crímenes de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.