Guayaquil, Ecuador
Mientras en la vecina Colombia se empuja con mayor o menor éxito hacia la paz, Ecuador ha cosechado una criminalidad de dimensiones transnacionales, a expensas de su severo deterioro social y económico. Por ejemplo, uno de cada cuatro jóvenes adultos no trabaja ni estudia, por lo que son vulnerables al reclutamiento criminal. El fin del orden pactado de Correa, la contracción de los aparatos de seguridad bajo Moreno y la falta de gobernabilidad padecida por Lasso ahondó una penetración de las estructuras del Estado con la que hace frente la fiscal general Diana Salazar y ha coagulado en una “guerra” contra las mafias narcotraficantes en el limitado pero audaz gobierno de Noboa.
A partir de la figura del hacendado, el concepto clave de la política ecuatoriana es el de autoridad. Por eso se depende tanto de quién está más arriba y se escuchan reiteradas demandas de “mano dura” por un lado y “ponerse la camiseta” por el otro. Pero la soberanía del pueblo constituye la fuente de la que manan las decisiones políticas; aunque fatigado, el apoyo del electorado es fundamental. Y algo que genera esperanza es que las bandas criminales definitivamente no tienen apoyo popular.
El presidente ha gozado de una alta aprobación que, basada en una percibida “bukelización” y una limitada transparencia del estado de la situación, subyace a la militarización del país. En este escenario la autoridad política concibe el referéndum/consulta. Pero estos mecanismos son hace mucho tiempo realmente plebiscitos de la reputación de la administración que las preside. Por eso este caso contiene preguntas tan similares a otras recién rechazadas o que podrían lograrse por otros medios menos costosos. De hecho, el CNE no tiene presupuesto en medio de una profunda crisis fiscal que no se sanará sólo con un IVA elevado o eliminando los subsidios a los combustibles. El punto de enfoque no son las preguntas en toda su importancia sino algo que está incluso más allá de la carrera electoral del año que viene.
Con todo, que el sentido del referéndum/consulta no sean primordialmente las preguntas es al menos intuido por el público general. Por esta razón los argumentos a favor o en contra de esta o aquella cuestión suelen ser insuficientes, pues no constituyen respuesta a lo que realmente se le reclama al pueblo. La imagen que nos muestra la autoridad política es deliberadamente opaca y en esa incertidumbre nos pide algo que, como los derechos, no está en capacidad de otorgar: confianza. Pues antes que una cuestión nacional, el conflicto interno lo lleva cada uno dentro de sí. Es esa la naturaleza de la autoridad política en una democracia, que no es otra cosa que autogobierno.
