La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena «enérgicamente» la incursión de la Policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito.
En el mismo acto se reafirma también «la obligación» que tienen los Estados de «respetar en su integridad» las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954» y recuerda que los diplomáticos están obligados «a no inmiscuirse en los asuntos internos» del Estado receptor.
De acuerdo a la Convención de Asilo Diplomático de 1954, firmada en Caracas, se establece que los Estados no pueden conceder asilo diplomático a personas que se encuentren procesadas por delitos comunes ni a las que ya hubieran sido condenadas.
El exvicepresidente Jorge Glas, a quien el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, concedió asilo político, tiene dos condenas ejecutoriadas en firme por corrupción y asociación ilícita, y una orden de prisión preventiva por una nueva investigación judicial por un tercer caso de corrupción.
La resolución, presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la delegación de Colombia, fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países y el único voto en contra de Ecuador.
La delegación de México no se presentó a la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación.
No conceder asilo a delincuentes comunes
La resolución resuelve «condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión».
El documento reafirma «la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas» y hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche, cuando, por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la Policía irrumpió en la Embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa procesado por corrupción y quien había pedido asilo político a México.
Las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron proyectadas en la sesión de la OEA, muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática, mientras se llevaban a Glas.
Tras ese episodio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, que justifica sus acciones acusando a México de haber vulnerado los tratados internacionales de asilo al refugiar a una persona procesada por corrupción.
Iniciar diálogo
Asimismo, exhorta a Ecuador y México a que «inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva».
La sesión de este miércoles, convocada a petición de Colombia y Bolivia, dos gobiernos aliados de México, es la segunda de esta semana tras la del martes, que fue convocada por Ecuador para justificar sus acciones.
Los representantes de países como Colombia, Bolivia, Chile, Honduras y Panamá tomaron la palabra para condenar el asalto de la embajada, un hecho que consideraron injustificado, sin precedentes en la historia y que no puede repetirse.
También el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, criticó la incursión, especialmente el «uso de la fuerza» en contra el personal diplomático mexicano, y pidió a México y Ecuador que trabajen juntos para resolver su disputa.
El vicecanciller ecuatoriano, Alejandro Dávalos, expresó su rechazo a la resolución, opinó que se debería condenar a México por violar los tratados de asilo y acusó a López Obrador de inmiscuirse en la política interna ecuatoriana.
«Dignidad» de Canseco
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó la sesión reivindicado que la resolución de este miércoles es «absolutamente necesaria» y expresó un reconocimiento a la «dignidad» de Canseco, quien arriesgó su integridad física defendiendo la embajada, dijo.
López Obrador anunció que su Gobierno presentará el jueves su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). EFE
