La defensa de Glas busca evitar que se registren los celulares del exvicepresidente

El 5 de abril, la Policía incursionó en la Embajada de México para capturar a Glas y como parte del operativo le incautaron dos Iphones y un Ipad.

Andrés Villegas, uno de los abogado de Jorge Glas, ingresó un escrito a la Corte Nacional de Justicia para pedir la revocatoria de la autorización para sacar información de dos celulares y un Ipad de Glas.

En el documento se indica que la cadena de custodia está «irremediablemente comprometida» porque no se sabe por cuántas personas pasó antes de llegar a la Unidad de Flagrancia. También se alega que como la detención del exvicepresidente fue ‘arbitraria e ilegal’, las pruebas obtenidas también son ilegales.

El 12 de abril, el juez Julio Inga autorizó «la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos en cadena de custodia» en el marco del caso Reconstrucción de Manabí.

En su providencia, el magistrado indica que esta diligencia debe ser hecha respetando los artículos 475 y 477 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), o sea, para poder proceder a la apertura y examen de la correspondencia, se notificará previamente al interesado, y con su concurrencia o no, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada, comunicando del particular a la víctima y al procesado o su defensor público o privado.

Así mismo, con la intervención de dos peritos que juren guardar reserva, con el fiscal en audiencia privada se procederá a la exhibición de la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.

El 5 de abril, la Policía incursionó en la Embajada de México para capturar a Glas y como parte del operativo le confiscaron dos Iphones y un Ipad.

Según Ecuavisa, el 12 de abril un Tribunal de la Corte Nacional le dio un habeas corpus, pero no dispuso su liberación de la prisión de La Roca, en Guayaquil, porque aún tiene que cumplir penas acumuladas por sentencias en firme por corrupción.

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