Guayaquil, Ecuador
Años tiene. Las palabras “pérdidas negras”, “ineficiencia”, “corrupción”, “barcazas”, “emergencia, “racionamientos” se vienen repitiendo desde hace décadas en el sector eléctrico y conviven con los ecuatorianos. Veamos: en 1993, es decir hace ya largos 31 años, el presidente Sixto Durán Ballén resolvió adelantar 60 minutos la hora para aprovechar la luz solar. La constitución de 1.978 tenía un articulo medieval: el famoso art. 46 que prohibía la inversión privada en las “áreas estratégicas”, es decir telecomunicaciones, agua potable y ….electricidad.
Y es que a pesar de los pésimos servicios públicos y un estado sin dinero para invertir, nada podía cambiarse porque la constitución lo prohibía.
Y los candados de la consititucion de 1.978 eran de hierro. Como los de ahora. En 1.997 durante el gobierno de Fabián Alarcon se convocó a una Asamblea Constitucional para expedir una nueva constitución. Esa nueva carta, expedida por una Asamblea con mayoría liberal derogó la Constitución de 1978 e incluyó en la nueva de articulos que permitían “la concesión, capitalización y traspaso de la propiedad accionaria” de las empresas de telecomunicaciones y del sector eléctrico.
Un gran avance.
Había, eso sí, que adecuar las leyes a la reforma constitucional. Las leyes se aprobaron entre 1998 y el año 2000 y establecieron que el estado podía transferir la propiedad del 51% de las empresas del sector eléctrico, conservando la diferencia. Convertir a las eléctricas en una suerte de empresas mixtas. Ello garantizaba la inversión privada y, sobre todo, el manejo independiente y profesional de tales empresas, alejándolas del manejo político, de las cuotas, de la troncha y de la viveza criolla.
El monto obtenido en las ventas de las empresas iría a un fondo llamado “de solidaridad” para atender catástrofes naturales (como el terremoto de Manabí, por ejemplo, inundaciones, derrumbes y hechos asi). Entre los años 2000 y 2002 se intentó llevar adelante un proceso de ventas de las acciones de las empresas eléctricas de distribución como el primer paso para una modernización del sector, pero el boicot fue permanente.
La Izquierda Democrática, que manejaba la mayoría del municipio de Quito y el Tribunal Constitucional de la época se opusieron a la venta de la Empresa Eléctrica Quito, que era el ancla de las empresas de la sierra; y, por otro lado, Emelec no pudo reprivatizarse porque la valoración que hizo la banca de inversión era “tan solo” de 130 millones de dólares. Y a la oposición al gobierno de entonces le parecíó “un regalo”.
El sabotaje a la inversión en aquella época no tan lejana vino, no solo de la burocracia, sino de los partidos políticos, del Tribunal Constitucional y de las centrales sindicales. Después de negarle al Ecuador la alternativa a la inversión, vino ya en el 2008 la constitución de Correa. Un traje hecho a la medida para la izquierda estatista, intervencionista y finalmente corrupta, que volvió al concepto anacrónico de las “áreas estratégicas” cuando lo estratégico es tener luz y no sufrir apagones.
Lo estratégico son las administraciones profesionales e independientes y no el reciclaje permanente de tecnócratas comprometidos con agendas partidistas e ideológicas y no con el desarrollo energético del país.
Es verdad que hubo un sabotaje hace pocas semanas. Pero no es nuevo. Es el mismo sabotaje que lleva más de 30 años diseñado, pensado y operado por quienes, desde la burocracia y la política, son los responsables de los apagones desde que el presidente Durán Ballén adelantó una hora hasta la hora actual, en la cual la solución a la sequía sigue siendo la misma de siempre: la lluvia.
