Bogotá, Colombia
Es de no creer que el fiscal de la Corte Penal Internacional equipare un estado democrático liberal con un grupo terrorista brutal. Cuando el fiscal Karim Khan emite una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamás, Yahya Sinwar, entre otros, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pone al mismo nivel a un gobierno que tiene controles, que existe en una democracia con instituciones que lo supervisan, con un grupo terrorista que no le rinde cuentas a nadie y que realizó el peor atentado, proporcionalmente, de los últimos 50 años, con un servicia sin precedentes.
Lo que Hamás hizo el pasado 7 de octubre dejó 1.200 muertos y 250 personas secuestradas. Ese ataque brutal *equivale a un atentado con más de 39 mil muertos en Estados Unidos, 6 mil muertos en Colombia y Argentina, 12 mil muertos en México y 24 mil muertos en Brasil. En términos de secuestros, eso equivale a 8.250 secuestrados en Estados Unidos, 1.250 en Colombia y Argentina, 3.000 en México y 5.500 en Brasil.
¿Qué país no habría reaccionado de la misma manera ante una brutalidad de esa magnitud, que, además de ser transmitida por redes sociales, tuvo muchos elementos de tortura y violación de civiles inermes? Si, además, vemos cómo Hamás se escondió detrás de los ciudadanos palestinos, victimizándolos en sus casas, escuelas y hospitales y refugió a sus combatientes en túneles, dejando a la población totalmente expuesta, pues lo que hoy hace el fiscal es equiparar la barbarie brutal con la respuesta de un estado democrático.
¿Acaso la Corte no es subsidiaria al sistema judicial que, en el caso de Israel, es independiente del ejecutivo? ¿Esta decisión del Fiscal, que esperamos, en un acto de sanidad mental y jurídica, sea reversada por los jueces de la Corte, está basada en investigación real o es una decisión política? Israel no es signatario del tratado de Roma, que creó la CPI, por ello, esta decisión da la razón a quienes antes tenían grandes suspicacias sobre la Corte y su posible politización.
Es más, esta decisión judicial pone en duda la pertinencia y viabilidad de la Corte Penal, pues, al dejar de lado el principio subsidiario, queda como herramienta utilizable en cualquier momento y de cualquier manera. Esto, primero, confirma la razón por la que países como Estados Unidos e Israel no han firmado el estatuto de Roma; segundo, abre la puerta para que países que sí lo han hecho, como Venezuela, tengan la excusa de deslegitimar como política cualquier decisión contra sus líderes, como va a suceder en poca semanas, o meses, con Nicolás Maduro. Los líderes de China y Rusia, naciones no signatarias, deben estar felices con esta decisión, pues ahora tienen una herramienta para utilizar contra las democracias occidentales.
Pero si en La Haya llueve, en Colombia no escampa. Acá los asesinos, los violadores, los torturadores, los criminales de guerra están tranquilos en el Congreso sin pagar un día de cárcel o, siquiera, asumir la responsabilidad de sus hechos. Escuchar a los senadores o representantes de las Farc, a quienes les regalaron sus curules a cambio de nada, hablar de corrupción o de derechos humanos produce nauseas y genera pésimo ejemplo para el futuro de Colombia: el crimen sí paga.
Como si no fuera esto suficiente, ahora estos victimarios que asesinaron a miles y miles de militares y policías están siendo atendidos al lado de sus víctimas en el hospital Militar, en un hecho que deshonra el sacrificio de esos héroes de la Patria. Claro que para el presidente y su ministro los héroes no son los que defendieron la democracia sino, al contrario, los enemigos de ella.
A esta terrible herencia del expresidente Juan Manuel Santos, que se suma al golpe de estado que dio cuando desobedeció la voluntad popular en el plebiscito que le dijo NO a ese acuerdo de paz, hay que añadir su trabajo, de la mano de magistrados, fiscales y esa izquierda que hoy está en el poder, para deslegitimar al presidente Alvaro Uribe y tratar de deshacer su lugar en la historia.
El proceso contra Alvaro Uribe es una vergüenza judicial que magistrados y fiscales -entre otras, la actual fiscal General de Colombia- tendrán que enfrentar. No aguanta evaluación alguna, y excusas como la del celular en el baño de Cepeda y filtraciones de decisiones de magistrados a periodistas enemigos de Uribe, solo hacen parte de ese montaje en el que el acusador acabó acusado.
El presidente que liberó a Colombia del yugo de la violencia, algo que Santos y Petro hacen su mayor esfuerzo por deshacer, y ahora lo estamos viviendo, va a salir de este entuerto. Confiamos en la justicia y en los magistrados de hoy, pues los de esa época -del 2010 al 2018- no solo crearon el cartel de la toga sino que, de la mano de la mermelada del presidente Santos, sirvieron a su causa incluso violando la constitución.
Un mundo y un país al revés. Los terroristas ahora son iguales a quienes defienden la democracia. Santos y Petro son claros: el crimen paga. Ahora la CPI se suma a ese horror jurídico, político y moral.
* 1.200 muertos y 250 secuestrados en un país de 10 millones de habitantes como Israel equivalen proporcionalmente a los muertos y secuestrados arriba escritos en una país de 330 millones de habitantes como Estados Unidos, de 50 millones, como Argentina y Colombia, de 130 millones como México y 220 millones como Brasil.
