Guayaquil, Ecuador
A partir de la ralentización ocasionada por la pandemia, las economías ilícitas transnacionales encontraron en la extorsión una fuente de financiamiento y una medida de control territorial, desde México hasta Perú. La presencia de este “impuesto del miedo” es tan extensa que se entiende que se hable de un “Estado paralelo.” Es más, hay extorsionadores que prometen seguridad de sí mismos, como un Señor que sólo protege de su castigo a quien le reza. Este modelo pone en práctica una explotación sistemática, pues no son meros “delitos de oportunidad” como robos o hurtos. En Ecuador, 4/10 de las empresas ha sido víctima de extorsión y aunque la mayoría no lo denuncia hubieron más de 20,000 reportes de Fiscalía en 2023. En este contexto, mientras las fuerzas públicas enfrentan al crimen en otros órdenes, la acción ciudadana es una condición necesaria para una reducción sostenible de la violencia.
Se entiende que el miedo sea el principal alimento de la extorsión porque la mayoría de los casos son estafas telefónicas, de imitadores o desde las cárceles, cuya capacidad para concretar las amenazas es limitada. En Ecuador, en 7 de cada 10 casos los imitadores se identifican, aunque en la experiencia regional las bandas reales no se exponen a sí mismas. El miedo es también un reflejo de todo lo que se comparte públicamente, pues los estafadores logran convencer que lo vigilan a uno por lo que encuentran en la Red. De ahí que su disminución corresponda con restringir la exposición informática. Cabe señalar, dicho sea de paso, el origen legal de este hábito del consumidor, pues es tan erróneo pensar que todo lo lícito es bueno como que todo lo ilícito es malo. Con todo, el miedo se reduce habitando el aquí y ahora, incluso cuando de hecho se enfrenta el peligro.
Para quienes no afrontan estafas sino auténtica extorsión, sin embargo, no bastará con vencer el miedo. Si bien ésta es una condición necesaria para resistir a la coacción, combatirla requiere de recursos sociales. En la medida en que vivimos en medio de familias y negocios, la línea de defensa territorial es comunitaria. No es suficiente con anotar la información de un encuentro con criminales para luego llamar al 911. Que las fuerzas públicas sean garantía de seguridad es una imagen que, cuando llega la crisis, expone la precariedad en la que realmente nos encontramos. La verdadera política surge naturalmente de la comunidad que se instituye en una unidad superior de acción, lo que permite organizar demandas y respuestas que sean reales deterioros a los tributos que aisladamente debemos al peligro. Con razón un pensador célebre definió al humano como “animal político.”
Rehusando el clientelismo político, es en el encuentro con los miembros de nuestra comunidad que transformamos las dificultades en caminos. Son precisamente las personas, familias y negocios aislados quienes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia. La seguridad colectiva se atestigua por la articulación de la acción comunitaria, con objetivos como diagnosticar, determinar necesidades y realizar un plan de acción. No se trata necesariamente de soluciones sino de compartir recursos y responsabilidades desde abajo, lo que incrementa la capacidad para reclamar a las fuerzas públicas. El fin de la acción política no es garantizar los derechos, pues estos son sólo condiciones básicas. La política en su sentido más profundo consiste en vivir bien, fin que no puede ser otorgado sino, a la inversa, alcanzado desde cada uno junto a los demás.
