La declaratoria de conflicto armado interno obligó a las FF.AA. a suspender las solicitudes de baja para mantener el número de personal en servicio activo y sostener las operaciones contra el terrorismo.
Desde el 9 de enero, cuando el mandatario Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales, ningún militar en servicio, con veinte o más años de servicio, puede dejar la institución.
La disposición, de acuerdo con el mando militar, se ampara en el artículo 120 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde enero del año pasado.
En él se señala que se negará la solicitud de baja voluntaria en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
Luego del 9 de enero, sucedió un fenómeno inusitado, de acuerdo con fuentes militares. En cinco meses, se presentaron alrededor de 6 000 solicitudes de baja voluntaria.
Según Ecuavisa, esto representa un incremento del 410% si se compara con el número de bajas en el 2023, cuando salieron 730 del Ejército, 261 de la Armada y 187 de la Fuerza Aérea, sumando en total 1 178 militares.
La masiva salida de militares activos también afecta la sostenibilidad de la seguridad social, que tiene un déficit de USD 2 500 millones, de acuerdo con las autoridades del ISSFA.