El pasado 21 de mayo, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre si puede tomar licencia para participar como candidato en el proceso electoral de 2025. Un mes después, la entidad liderada por el procurador Juan Carlos Larrea decidió abstenerse.
Según un comunicado oficial emitido por Larrea, la entidad mantiene que no tiene competencias para interpretar sentencias de la Corte Constitucional. De acuerdo al texto, la PGE «se encuentra impedida de pronunciarse respecto de la consulta planteada».
A principios de junio, la PGE refirió la consulta del presidente al Consejo Nacional Electoral, que respondió asegurando que «no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas, que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo».
El artículo 93 del Código de la Democracia establece que «las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral».
Debido a un brusco distanciamiento político entre Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, el mandatario ha buscado diferentes maneras de evitar que esta última ocupe la presidencia. A mediados de este mes, el movimiento oficialista impulsó un juicio penal contra Abad en la Asamblea Nacional, que no logró el apoyo de la mayoría de legisladores. (I)