Guayaquil, Ecuador
En agosto del 2024 se cumplieron 4 meses del último piquete realizado en Argentina. «Piquete» es el término que usan en dicho país para lo que nosotros conocemos como paro, que en realidad son protestas de tintes vandálicos organizadas por sectores políticos que, en su mayoría, tienen intereses ocultos de por medio.
El problema de los paros en Ecuador es casi una tradición, puesto que existe un sector sindical –que en elecciones no llega ni al 20%– que, cada vez que el gobierno de turno toma una decisión que les disgusta, sale a la calle a amedrentar tanto bienes públicos como privados. Un caso notable fue el paro nacional de 2019.
La protesta no es un acto necesariamente negativo. Mediante esta vía se lograron grandes conquistas como derechos laborales, femeninos, de participación, etc. El problema surge cuando la protesta tiene como fin un interés partidista, mediante el daño y la destrucción de bienes ajenos. Se ha vuelto común ver cómo las plazas terminan destrozadas, monumentos históricos rayados con premisas anarquistas y, lo que considero más doloroso, la pérdida material de los bienes privados. No solo se lastima al gran empresario, sino también al pequeño emprendedor que, con su esfuerzo redoblado, pudo conseguir un pequeño quiosco.
Ni hablar de las víctimas humanas que traen las protestas cuando estas se tornan violentas, aquellos manifestantes que salen a la calle bajo el llamado a “hacer justicia” por parte de un líder que solo va unos minutos a la protesta en la calle y después la sigue desde un lugar tranquilo. Es decir, víctimas engañadas por un actor político que echa gasolina al fuego, pero a kilómetros de distancia para cuidarse a sí mismo. En fin, una injusticia más por parte de los autodenominados defensores de derechos colectivos.
A todo esto, también se le puede agregar el bloqueo de calles, el cual trae perjuicio a sectores productivos como el transporte de bienes y servicios, el taxismo y el servicio de transporte público masivo. Este problema de obstrucción de la vía pública fue enfrentado por el presidente argentino Javier Milei con su llamada “Política Anti piquetes”. Bajo la premisa: “el que las hace, las paga”, esta política consiste en:
- La protesta debe ser pacífica y en veredas o plazas, no en calles.
- Quien dañe bienes públicos o privados será detenido y enfrentará un proceso judicial posterior.
- En caso de que la protesta se torne violenta, la fuerza pública hará uso de su autoridad para disipar y restablecer el orden.
Inicialmente, esta política fue desafiada por el “Polo Obrero” –el mayor organizador de protestas en Argentina–, que convocó a una manifestación masiva. En esta manifestación se inauguró esta medida presidencial, lo que permitió en tan solo 2 horas, controlar el desastre y procesar a los responsables.
El conflicto nace en parte por medidas gubernamentales que son necesarias. Otras incluso formaron parte del proyecto político que ganó las elecciones. Es decir, son medidas que fueron aprobadas por la mayoría de ciudadanos en el país. Por lo cual, su aplicación no debería provocar la respuesta vandálica que suele acostumbrarse en Ecuador. Una política similar a la “Anti piquetes” argentina debería considerarse en nuestro país. Teniendo en cuenta que estamos en tiempos preelectorales, el sector que salga a protestar buscará la calle para desfavorecer a ciertos candidatos sin contemplar las consecuencias.
