Guayaquil, Ecuador
Debe preocuparnos sobremanera lo que en estos días ha ocurrido dentro del seno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según la información disponible, ha tenido lugar un “golpe de estado” interno.
El 13 de agosto, el juez Fernando Muñoz Benítez, quien fuese presidente del Tribunal Contencioso Electoral, denunció ante la Fiscalía a sus compañeros magistrados Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo por el presunto delito de “usurpación de funciones”. La razón de esta denuncia es que el día anterior, 12 de agosto, los mencionados jueces se autoconvocaron, conformando una conveniente mayoría, para destituir a Muñoz, quien por ley debía cumplir funciones hasta junio de 2025. En su lugar, designaron como presidenta del tribunal a la jueza Ivonne Coloma.
Mientras esperamos la sentencia definitiva y los resultados de la apelación (pues el 27 de agosto la acción de protección presentada por Muñoz fue negada por el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado correspondiente), podemos ir analizando los hechos conocidos hasta el momento.
Es alarmante cómo el ejercicio de las funciones públicas se convierte en un juego de poder. Basta con que tres jueces se reúnan para remover a un presidente de su cargo, sobre todo en una época tan crítica como el presente, pues estamos cercanos a elecciones y en estos días se han presentado varias denuncias ante el TCE. Entre las más destacadas está la denuncia por presunta violencia de género interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad, cuya resolución puede cambiar por completo el panorama electoral y el destino de la democracia ecuatoriana.
Si bien es cierto que los tres jueces que destituyeron a Muñoz alegan mala administración de su parte, lo cual a simple vista podría parecer un argumento válido, llama la atención que la jueza Coloma, al asumir el cargo casi de inmediato, comenzó a desvincular a funcionarios de la institución, en lugar de subsanar las fallas administrativas que motivaron la destitución de Muñoz.
Me sorprende negativamente la forma en que se ha dado la destitución de Muñoz. No se trata de defenderlo, sino de denunciar la debilidad de nuestras instituciones y la falta de procedimientos coherentes. Un principio jurídico dice que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, lo que significa que, al querer destituir a Muñoz de su cargo de presidente, lógicamente debió hacerse de manera similar a como se le asignó dicho cargo. En el TCE, los jueces principales son quienes designan al presidente en la primera sesión convocada para dicho efecto. De forma similar debió tratarse su destitución, pero en este caso se realizó mediante una autoconvocatoria extraordinaria de solo tres de los cinco jueces. Como existía mayoría, se tomó la acción por legítima.
Pero retrocedamos un poco y veamos cómo se nombran a los jueces que conforman el TCE. Estos jueces son designados a través del procedimiento establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Mi cuestionamiento es: ¿cómo es que el CPCCS no ejerce control ante un acto tan importante como la destitución del presidente del TCE?
Muchos podrían responder que es debido a la autonomía del TCE, puesto que la función del CPCCS es solo designar a los jueces principales, y entre ellos nombrar al presidente. Sin embargo, esta autonomía no puede ser motivo para vulnerar la seguridad jurídica. Nos faltan normas y lineamientos que establezcan procedimientos adecuados para estos casos.
Lo que está ocurriendo es una muestra de lo endebles que son nuestras instituciones. ¿Cómo podemos esperar lineamientos coherentes cuando la cabeza de una institución es cambiada de manera dudosa, justo antes de la actividad más importante que debe controlar dicho organismo? ¿Dónde queda la transparencia y el control social que, en teoría, debe representar el CPCCS?
No es de extrañar que la ciudadanía vea estos actos con sospecha y presuma que hay intereses de por medio, más aún cuando, mientras escribo estas líneas, se ha pausado la denuncia por violencia de género planteada por la vicepresidenta.
Nunca debemos olvidar que el ejercicio de la democracia no se limita al sufragio. La democracia exige que la ciudadanía esté informada sobre actos como los que están ocurriendo en el TCE. Las autoridades deben justificar sus acciones ante el ciudadano, que es el verdadero mandante.
Una vez más, se evidencia que es imperativo que el ciudadano forme parte activa de las actuaciones del Estado. Depende de nosotros que actos como este no sean otro indicador más de corrupción. Por ello, debemos ser actores activos de nuestra democracia, por un Ecuador próspero, justo y libre.
