Quito, Ecuador
El artículo del periodista Alexander Clapp, publicado en The Economist, en el que relata ‘Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo’, ha ocasionado sentimientos encontrados entre los ecuatorianos, entre quienes han leído el documento y los que se han enterado de él a través de distintos artículos y comentarios, especialmente en las redes sociales. Por esta razón, este trabajo busca presentar un análisis objetivo de la situación que sin duda es muy grave, pero merece otro tipo de tratamiento.
Inicia el análisis con una revisión somera del Estado, desde los enfoques liberal, marxista y fascista. Esto es importante porque, generalmente se piensa que, en un Estado democrático, hay consensos esenciales sobre el significado de esta institución y, como sucede en la mayoría de las democracias, por ejemplo, europeas una doctrina nacional sobre la política, la democracia y la seguridad. No sucede lo mismo cuando existen partidos y movimientos como los que gobiernan Venezuela o Nicaragua para los que la democracia liberal no es sino un instrumento de opresión de la clase burguesa sobre las clases subordinadas, y por esto debe ser que debe ser sustituida. En casos como estos, oculta o explícitamente, han planteado alianzas con el narcotráfico para realizar una ’revolución’ contra el Imperio y sus ‘democracias dependientes’.
Continúa el trabajo con un somero análisis de la amenaza fundamental a la democracia a la paz y bienestar de las personas, en los niveles local, nacional, regional y global: el crimen organizado; luego con una caracterización preliminar de lo que puede entenderse como un narcoestado, seguido del análisis de un trabajo respaldado por el prestigio del Real Instituto Elcano, sobre la trágica situación que soporta Latinoamérica en el campo de la seguridad; y una referencia crítica al artículo periodístico de Alexander Clapp. Termina el artículo con unas conclusiones.
El Estado
Rodrigo Borja dice que el Estado es: “La sociedad política por excelencia, ordenada jurídicamente, bajo el imperio impersonal de la ley[1].
Max Weber considera que el ordenamiento jurídico le atribuye la capacidad monopólica del uso legítimo de la coacción física para sostener su propia legitimidad. Para que subsista, es menester que los dominados se sometan a la autoridad de los que dominan. La dominación se sustenta en tres principios: legitimidad, autonomía y capacidad[2]. Para el logro de sus fines el Estado dispone de recursos tangibles e intangibles: los primeros, para aplicar la violencia, y los segundos, fundamentados en la legitimidad. “La violencia, entonces, lejos de ser anulada, por la presencia del Estado, no solamente que permanece latente como “recurso último que debe evitarse”, sino que, por el contrario, la violencia se presenta como constitutiva del poder y como productora del orden”[3].
Las funciones del Estado tienen que ser ejecutadas a través de instituciones especializadas. Rodrigo Borja señala que las entidades que “dentro de los límites de su competencia, realizan actividad oficial por cuenta del Estado, se denominarán órganos estatales”. Pues bien, para el ejercicio monopólico de la fuerza, se ha organizado las fuerzas armadas y policiales; mientras que para los demás servicios (educación, salud, etc.) existen los ministerios y otras instituciones.
Frente a la visión del Estado desde la óptica liberal, surge la marxista a la que adhieren los gobiernos mal denominados del ‘Socialismo del siglo XXI’. Según Lenin: “El Estado es producto y manifestación del carácter ‘irreconciliable’ de las contradicciones de clase”. Surge porque las contradicciones de clase son irreconciliables[4]. El Estado surge de las relaciones de producción y no representa el interés común, es más bien, la expresión política de una estructura de clases; el Estado burgués es la expresión política del dominio de la burguesía y un medio esencial de la dominación de la clase burguesa. El Estado capitalista defiende un orden que asegura el predominio económico de la burguesía.
Gramsci aporta con el concepto de hegemonía, al poner énfasis en el predominio de las supraestructuras ideológicas, de los valores y normas burguesas sobre las clases consideradas subordinadas; éstas tienen supremacía sobre la estructura económica, de la sociedad civil y la sociedad política. Las clases dominantes articulan visiones de mundo como universales y omnicomprensivas, que modelan los interese y necesidades de los grupos subordinados[5].
En la misma línea de pensamiento, Althusser, sostiene que el Estado mantiene el sistema de dominación mediante aparatos represivos y aparatos ideológicos; entre los primeros: el gobierno, la administración, las fuerzas armadas, los tribunales, y las prisiones; entre los ideológicos: la iglesia, la educación, la familia, las comunicaciones, la cultura, los sistemas de representación y movilización política. El sistema legal participa de las dos categorías[6].
Finalmente, Desde su visión profundamente antimarxista y antidialéctica, el fascismo pronosticó el fin de la lucha de clases al desaparecer las contradicciones, gracias a una forma de Estado capaz de atender las reivindicaciones de los trabajadores mediante la organización de sindicatos verticales, controlados desde el propio partido único fascista. En palabras de Mussolini: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”[7]. En esto coinciden los teóricos marxistas, fascistas y otros sistemas autoritarios.
Esta distinción es muy importante en el Ecuador, donde, a diferencia de otros países como Uruguay, Brasil, Colombia o Chile, donde gobiernan socialistas democráticos, se instauró uno muy similar al venezolano y al nicaragüense, donde las elecciones son utilizadas solamente como una estrategia para llegar al poder- quedarse en este indefinidamente- e imponer su modelo autocrático.
El crimen organizado
La humanidad enfrenta en el siglo XXI amenazas que ponen en serio riesgo su propia existencia: el cambio climático que provoca desastres cada vez más destructivos; el crecimiento de la población más allá de la capacidad del planeta para sostenerla; los fundamentalismos étnicos, religiosos y económicos; y, el crimen organizado con todas sus perversas manifestaciones (tráfico de drogas ilícitas, de personas, de órganos humanos, de armas, etc.).
El ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, se refiere a este fenómeno como “la otra globalización”. El comercio sin controles de las drogas, armas, terroristas, mafiosos y esclavos sexuales, mercancía de contrabando, órganos humanos y epidemias. “enfermedades globales”. “Gobernadas por verdaderas empresas transnacionales del crimen”[8]. El poder acumulado por los grupos ilegales es tal, que constituye una amenaza a la estabilidad de los Estados y a la supervivencia de la democracia.
Con las enormes cantidades de dinero que han acumulado, los cárteles pueden adquirir las armas más sofisticadas; pagar ingentes sueldos a científicos y expertos en el manejo de las nuevas tecnologías, reclutar a militares y policías que abandonan sus carreras para ponerse al servicio de las mafias; comprar jueces y fiscales; promover sus propios políticos; y, ejercer influencia en gobiernos nacionales y locales o en las funciones legislativas.
Según Donald Cressey, citado por Malmud: “… el crimen organizado es cualquier delito cometido por una persona, ocupando, dentro de una división establecida de labores, una posición designada para la comisión de delitos, siempre y cuando tal división incluya al menos una posición para un corruptor, una posición para quien es corrompido y una posición para quien pueda hacer cumplir esto a la fuerza”[9].
Jaume Curbet se refiere al crimen organizado como “… una nebulosa de individuos, de sociedades comerciales, frecuentemente de asociaciones privadas, con estatutos muy diferentes. Algunas son totalmente clandestinas, otras ofrecen una fachada impecablemente honesta. Un circuito económico criminal se asemeja cada vez más a un grupo de empresas, e incluso a una rama de actividades que funcionan gracias a una división del trabajo muy parecida a la de la economía legal”[10].
El crimen organizado no se enfrenta al Estado, “lo que intenta tener es grados altos de control sobre esa institucionalidad”, “El narcotraficante necesita del Estado para acceder al poder y mantener bajos los riesgos penales y judiciales… en los denominados Estados mafiosos los vínculos entre líderes políticos y criminales son profundos y permanentes…”. En estos, “No es la mafia convertida en Estado, es el Estado convertido en mafia…”[11].
El narcoestado y el estado fallido
Algunos autores han vinculado el concepto de Narcoestado con el de Estado fallido que califica a aquel que ha perdido la capacidad de controlar y brindar los bienes públicos necesarios a su población, especialmente, seguridad interna y control territorial.
Manuel Berrio define al Estado fallido como aquel incapaz para gobernar y proporcionar servicios, mantener la soberanía, el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza y lograr consensos en una comunidad política[12]. Un Estado que ha fracasado en el cumplimiento de sus competencias orientadas al bien común, afectado por los siguientes problemas: a) Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza b) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, c) Incapacidad para suministrar servicios básicos, d) Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. Por lo general, se encuentra acosado por la corrupción y criminalidad[13].
Gemma López plantea: “La ruptura de la ley y el orden producido cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos; la escasa o nula capacidad para proveer servicios públicos básicos y asegurar las condiciones mínimas de bienestar y de funcionamiento de la actividad económica normal; y, la ausencia de entidad creíble que represente al Estado frente a sus ciudadanos y, a la comunidad internacional”. Complementa la idea cuando explica que, como consecuencia de lo anterior o, precisamente, causa de ello, se producen asentamientos de grupos armados, cárteles, mafias, milicias, señores de la guerra, etc., que son quienes realmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza y actúan, en general, en sustitución del Estado[14].
En cambio, el concepto de narcoestado no ha sido oficialmente definido. Fue utilizado por primera vez en los tribunales de Nueva York, con relación a un país centroamericano. En el diccionario de la Real Academia de la lengua española, se encuentra el término Narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.
Por su parte, en la literatura especializada se lo aplica para describir situaciones en que el crimen organizado participa del poder político, controlando varias instancias claves del Estado buscando traficar impunemente drogas ilícitas, armas y órganos; practicar minería ilegal y lavado de activos; entre otras actividades ilegales, mediante el cometimiento de delitos como: sicariato, extorción, secuestro, etc.
También en esta penosa nomenclatura existe una gradación que va desde ‘estados en riesgo’, ‘estados frágiles’ hasta ‘estados fallidos’. Considerando las características señaladas para estos últimos, podría colegirse que son narcoestados aquellos en los que el crimen organizado ha reemplazado al Estado en el ejercicio de sus competencias.
El crimen organizado en América Latina
En un reciente trabajo publicado por el Real Instituto El Cano (224), se advierte que los Estados latinoamericanos se juegan su legitimidad y supervivencia el estancamiento económico y el incremento de la inseguridad; un problema al que califican los autores como: “de carácter estructural, multilateral y regional que ha sido abordado solamente con “una visión nacional y de manera no integral”[15]. Se encuentra vinculado a la pobreza, la desigualdad, la falta de expectativas y de oportunidades laborales. Estados débiles, incapaces de controlar el territorio; y con pobre institucionalidad en la gobernabilidad urbana.
América Latina, con el 8% de la población mundial, sufre el 33% de los homicidios y alberga a 40 de las 50 ciudades con mayor número de asesinatos. Tiene la tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial con un 50% asociada al crimen organizado (15/100.000 h. frente al 12.7% de África, Oceanía 2,9 y Asia 2,3). Tres países: Colombia, México y Paraguay, se encuentran entre los cinco más inseguros del mundo. Ecuador ha pasado del octavo al cuarto lugar.
Continúa el análisis señalando que la incapacidad de los Estados para garantizar el monopolio de la violencia, al no proteger a su población, ha afectado a la confianza y apoyo a la democracia que ha caído en una década del 63% al 48%, mientras que, entre 2020 y 2023 ha crecido el apoyo a gobiernos autoritarios en casi cuatro puntos (Latinobarómetro). Estos adoptan soluciones autoritarias que atentan contra los derechos humanos “en su intento de mitigar la ansiedad social”.
Explican los autores que ahora el crimen organizado se encuentra más fragmentado lo que convierte a sus organizaciones en más flexibles y agresivas; los grandes cárteles mexicanos, brasileros y venezolanos han copado el comercio ilegal en la Región, mediante procesos de subcontratación; han diversificado sus operaciones, manteniendo el tráfico de drogas ilegales como el eje del negocio al tráfico de personas y armas, la prostitución, las drogas sintéticas, la falsificación de medicamentos, el sicariato y la minería ilegal.
Califican a Venezuela como una mezcla de Estado fallido y narcoestado. Sobre las cárceles afirman que no sólo son una escuela para delincuentes, sino que, ante la ausencia del Estado, se han transformado en centros desde donde los capos dirigen sus negocios. Son zonas fallidas dentro del Estado. En esta realidad se enmarca la tragedia ecuatoriana.
Finalmente, en este documento que se encuentra en Google, y es recomendable leerlo en su totalidad, explican las desventajas de los gobiernos en esta lucha, porque “… los Estados están condicionados por la soberanía y las fronteras. Si los cárteles tienen iniciativa e inventiva, los Estados son reactivos y rutinarios”[16].
El artículo de Alexander Clapp
En toda democracia es de trascendental importancia que los periodistas y comunicadores tengan garantizado el derecho a investigar sin restricciones, difundir libremente hechos de interés público y a emitir sus juicios y opiniones sobre los mismos; por supuesto, hay normas deontológicas que los orientan en su noble labor y siempre es bueno destacar a periodistas que se esmeran por difundir información veraz, verificada, oportuna y contextualizada acerca de hechos de interés general. Por supuesto- y esto es esencial- sin ninguna forma de presión y peor censura.
La reflexión anterior cabe para que el análisis de este artículo se encuentre libre de cualquier afán de defensa subjetiva del Ecuador y sus instituciones; por lo contrario, es importante que el relato de Clapp sirva para fortalecer las preocupaciones que ya existen en los ecuatorianos sobre los hechos que se relatan y para movilizar la voluntad colectiva para luchar con todos los medios, a fin de vencer a esta amenaza que atormenta, no solamente a los ecuatorianos sino a toda la especie humana.
Criterio del autor: El título del artículo ‘Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo’, parece ser alarmista y sensacionalista, como lo es -sin duda- el contenido de algunas partes de su relato. El periodista inicia su recorrido en Montecristi donde “Para los residentes de Los Bajos no es la basura que ha sido el problema últimamente. Son los cadáveres” … “Morales estimó que solo en los últimos seis meses se han encontrado 20 cadáveres a lo largo de la carretera hacia Los Bajos. «Demasiados para contarlos». Sobre el radar de Montecristi que sufrió un boicot: “Morales escucha el zumbido de las avionetas, que despegan y aterrizan en el sitio de la refinería por la noche”. (En los terrenos de El Aromo). El radar no ha sido reemplazado por el gobierno.
“En los últimos diez años, la cocaína ha transformado a Ecuador de una de las naciones más estables de América del Sur, con calles más seguras y niveles de vida más altos que muchos de sus vecinos, en el país más peligroso del continente”.
“La ciudad industrial de Durán, donde gran parte del aparato gubernamental ha sido secuestrado por mafiosos, tiene el derecho de ser la capital mundial del asesinato”
Convirtiendo a un país que no ha logrado enfrentar adecuadamente su epidemia de delincuencia en uno que tal vez nunca se recupere de ella.
En la Cooperativa San Francisco, una zona pobre de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, los pandilleros les han cortado la lengua a los niños para evitar que se conviertan en informantes de la policía.
“La tasa de homicidios de Ecuador se duplicó en 2022 y volvió a duplicarse en 2023”. En efecto, se duplicó entre 2021 y 2022; pero no entre 2022 y 2023 (14- 28-47 por cien mil). Lo cual no implica que los datos reales no sean escandalosos y preocupantes.
Visitó, el periodista, los exteriores de la Penitenciaría del Litoral y apreció cómo supuestamente funcionan las extorsiones; “Todo tiene un precio dentro de la prisión, donde los guardias, que trabajan en estrecha colaboración con el ejército ecuatoriano, extorsionan habitualmente a los presos”.
“Fat Guy me contó que los reclusos pagaban 50 dólares al mes, introducidos de contrabando en la cárcel por sus familiares durante las horas de visita, para estar protegidos de la mayoría de la violencia. Una parte de este dinero se destina a los guardias y al ejército, quienes, desde la perspectiva de los reclusos, no ocultan el hecho de que la creciente población carcelaria de Ecuador es buena para los negocios”.
Visitó la Nueva Prosperina y se enteró de cómo reclutan niños para ser sicarios. “El barrio guayaquileño de Nueva Prosperina tiene derecho a ser el municipio más mortífero del mundo per cápita”.
Yuribis Yolimar (que ha emigrado de Venezuela y administra una funeraria desde 2021):«Ahora hay entre ocho y diez muertes al día«, dijo Yolimar, y agregó que la mayoría son asesinatos”.
Alexander Clapp estuvo en la morgue de Guayaquil y relata cómo se amontonan decenas de cadáveres en descomposición. Sobre la entrevista a Margarita Pardo: “Nos sentamos en la esquina de un patio de recreo mientras ella me contaba, con notable compostura, una historia insoportable”. Claro que es no sólo insoportable sino repugnante, pero él la relata con morbosa meticulosidad.
Conclusiones.
Muchos países enfrentan ahora una arremetida terrorista, que mezcla en algunos casos intereses políticos con la capacidad destructiva de la delincuencia organizada, afectando gravemente a las instituciones democráticas. En estas circunstancias, el Estado requiere emplear, en el marco de la ley, la totalidad de su poder para preservar la paz, la institucionalidad y la tranquilidad de la población.
Es evidente la incapacidad del Estado para enfrentar la versatilidad y flexibilidad con la que operan las organizaciones criminales, cuyos planes y actividades van siempre un paso por delante de la capacidad de respuesta oficial.
El Estado carece de una clara doctrina de seguridad y defensa que permita enfrentar al crimen organizado que no tiene bandera, no respeta fronteras, no conoce de leyes, procedimientos o normas para el enfrentamiento, intenta cooptar las instituciones políticas, judiciales, militares, policiales y empresariales, a la vez que explota las condiciones de pobreza y angustia resultantes de sistemas de acumulación intensificada de riqueza, junto a los daños ocasionados por la pandemia.
Es importante insistir que la categoría de narcoestado no está reconocida por ningún organismo internacional, a diferencia de los estados frágiles y fallidos. Para que un estado sea catalogado como fallido el crimen organizado puede ser la causa y efecto. Porque el negocio de la droga se aprovecha de su fragilidad y comienza a reemplazarlo en el cumplimiento de sus funciones.
Categóricamente ECUADOR NO ES UN NARCO ESTADO. En un Estado de esa categoría serían inconcebibles procesos judiciales como ‘Metástasis’ o ‘Purga’. Es un Estado frágil que, a partir de 2007, asumió relaciones de complicidad con la narcoguerrilla colombiana, seguramente sin imaginar las funestas proyecciones a lo que hoy soporta el país.
El trabajo profesional y académicamente impecable de Carlos Malamud y Rogelio Núñez, nos pone una vez más sobre una lacerante realidad: América Latina es la región más violenta, más injusta socialmente, la que peor distribuye la riqueza y va quedando rezagada en el concierto de las naciones, tanto en su desarrollo como en seguridad.
Sobre el artículo de Alexander Clapp, no cabe duda de que el periodista ha realizado un trabajo de investigación importante, que ha acudido a algunas fuentes primarias, pero sin contrastar la información recibida; por ejemplo, presenta acusaciones gravísimas en contra del Ejército ecuatoriano que objetivamente no tienen sustento y da por válidos todos los relatos sin discernir la calidad de sus fuentes. No dejan de ser chocante las adjetivaciones superlativas sobre ciudades, barrios e inclusive sobre la totalidad del país; mientras que le da un amplio espacio a un relato crudo y repugnante, repitiendo hechos que posiblemente fueron reales, pero que merecían otro tratamiento.
REFERENCIAS:
ALTHUSSER Louis (1988), Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires BORJA Rodrigo (1977), Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México
ECHEVERRÍA Julio (1994), Violencia en la Región Andina, FLACSO, Quito
GRAMSCI, Antonio, (2012) la Política y el Estado moderno, Buenos Aires
KAPLAN Marcos (1991). Formación del Estado nacional en América Latina. Ed. Universitaria. Santiago,
LENNIN, V (1973), El Estado y la Revolución, Ed. Grijalbo, México
LÓPEZ Martín Gema (2010), LOS ESTADOS “FALLIDOS” Y SUS IMPLICACIO- NES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL, Universidad Complutense de Madridhttps://www.ehu.eus/es/web/cursosderechointernacio- nalvitoria/-/los-estados-fallidos
MALAMUD Carlos, NÚÑEZ Rogelio (2024), América Latina y el crimen organizado, Real Instituto Elcano, Madrid
WEBER Max (2002) Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, España
[1] BORJA Rodrigo (1977), Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México,p.384
[2] WEBER Max (2002) Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, España, p.1057
[3] ECHEVERRÍA Julio, Violencia en la Región Andina, FLACSO, Quito, 1994, p.37
[4] LENNIN, V, El Estado y la Revolución, Ed. Grijalbo, México, 1973, p. 15
[5] GRAMSCI, Antonio, (2012) la Política y el Estado moderno, Buenos Aires, Pp. 83 y sig.
[6] ALTHUSSER Louis (1988), Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, p. 7
[7] SCHIEDER Wolfang, Fascismo, en Democracia y Marxismo, Historia, Tomo I,1975, p. 97
[8] SAMPER Ernesto (2004) El salto global, Ed. Taurus, Colombia, p.35
[9] MALAMUD H. Samuel (2016), El concepto de crimen organizado: ciertos elementos
para una mayor concreción, REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA, VOL. 7, Nº 1
[10] SAMPER, Ernesto (2004), El Salto Global, Editorial Taurus, Colombia, p.35
[11] Ibidem, pp. 31-35
[12], BERRIO Miguel Alonso (2003). LOS ESTADOS FALLIDOS, Universidad de La Rioja, Fundación Dialnet, Localización: Cuadernos de estrategia, ISSN 1697-6924, Nº. 120, p.202
[13] Ibidem
[14] LÓPEZ Martín Gema (2010), LOS ESTADOS “FALLIDOS” Y SUS IMPLICACIO- NES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL, Universidad Complutense de Madrid,p.187 https://www.ehu.eus/es/web/cursosderechointernacio- nalvitoria/-/los-estados-fallidos
[15] MALAMUD Carlos, NÚÑEZ Rogelio(2024), América Latina y el crimen organizado, Real Instituto Elcano, Madrid
[16] MALAMUD Carlos, Núñez G. Rogelio (2024), América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana, Real Instituto Elcano, https://media.realinstitutoelcano.org › 2024/11