Guayaquil, Ecuador
De no ser por la mezcla de odio político y venganza del narcotráfico que acechó al gobierno de Guillermo Lasso, a estas alturas ya se habría modificado la Constitución en dos aspectos de enorme trascendencia: la reducción del número de asambleístas y un nuevo régimen para las organizaciones políticas que hubiese significado no solo una disminución en su número, sino también una mayor racionalización.
Vale recordar que estas dos propuestas pasaron el filtro de la Corte Constitucional. El equipo de asesores del Ejecutivo se esmeró en hilvanar un texto que respetaba los precedentes jurisprudenciales, así como la urgencia de introducir cambios sustanciales. Pero más pesó el resentimiento que corroía a Correa y a su socio que los intereses del Ecuador. Ese veneno los llevó a estos líderes a oponerse en 2022 a todas las preguntas de aquella consulta por el simple hecho de que provenían de Lasso. No les importó que ahora estemos abocados a elegir a más de 150 asambleístas y que la hemorragia de movimientos y partidos políticos siga creciendo desenfrenadamente.
Luego se conoció que un poderoso narcotraficante –sí, nada menos que un narcotraficante– había financiado la campaña de oponerse ciegamente a la consulta de Lasso. El hambre y la necesidad juntos. (Y después se quejan porque una revista internacional de prestigio habla del Ecuador como un narco-Estado) Nada impide que el actual gobierno o el próximo envíe estas propuestas a la Asamblea para su aprobación o insista en una consulta. La aprobación de los dos cambios señalados, especialmente el relacionado con el régimen de las organizaciones políticas, marcarían un hito histórico. ¿No debería ser este un compromiso de candidatos?
Ya en 2019 había existido otro intento para introducir cambios constitucionales importantes en la organización del poder. Esta vez la iniciativa provino de la ciudadanía. Con más de trescientas mil firmas de respaldo el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado en su inicio por Julio César Trujillo y luego por Pablo Dávila, presentó a la Asamblea una serie reformas constitucionales de gran trascendencia.
Todas esas reformas fueron aprobadas por la Corte Constitucional. Ellas incluían la reducción de los asambleístas, la introducción de una segunda cámara de elección nacional, la redistribución de las tareas parlamentaria entre las dos cámaras, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y darle mayor independencia a la Fiscalía General. La Asamblea por simple mayoría –dominada por el correísmo– ni siquiera debatió el proyecto, sino que se limitó a leerlo y archivarlo.
Esa ceguera contrasta con lo que pasa en Perú. A pesar de los conocidos defectos que tiene su clase política, en marzo de este año fue aprobada una reforma constitucional (Ley n.° 31988) que restablece el sistema bicameral que había sido eliminado por Fujimori en 1993. Después de varias décadas, se llegó a un consenso sobre los efectos nocivos que había tenido la presencia de una sola cámara que concentre todos los poderes parlamentarios. Un defecto que, entre nosotros, lo apunta el Dr. Hernán Salgado en su reciente libro.
Mientras tengamos políticos que, con pocas excepciones, sigan contaminados por el odio y arrogancia, será difícil salir adelante. (O)
