Guayaquil, Ecuador
El general Jorge Gabela, quien fue comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), declaró en 2009, en el diario El Universo, que a los helicópteros Dhruv ni las fuerzas armadas de la India los querían en su dotación. “No tienen ninguna certificación. Chile hizo un estudio para adquirirlos, pero no pasaron la prueba (…), tienen demasiados problemas de motor, de rotor…”. El general murió el 29 de diciembre del 2010 tras un ataque armado en su casa en Samborondón que, para la Fiscalía de aquel entonces, con sospechosa ligereza declaró que fue un delito común; y, para su familia, tenía relación con sus cuestionamientos a la compra de los helicópteros Dhruv.
Después del ataque de fuerzas militares colombianas al campamento de las FARC en nuestro territorio, el 1 de marzo de 2008, la H. Junta de Defensa Nacional, eliminada en el gobierno de Rafael Correa, declaró de emergencia la adquisición de helicópteros multipropósito, que irían al Ala de Combate Nº 22 en Guayaquil.
Para la adquisición, el Comité de Contrataciones invitó al concurso a las compañías que estaban registradas en la FAE. Participaron Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Elibitsystems, Eurocopter y Kazan. El contrato fue adjudicado a la primera por unanimidad, tras concluir que era la única que cumplía los requisitos establecidos en las bases.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el presidente de Sumil C.A., representante de HAL en Ecuador, Juan Cortez, firmaron el 5 de agosto del 2008 el contrato por $ 45’200.000: $ 30 millones de anticipo a la firma del contrato y $ 15’200.000 en 10 cuotas anuales del 2009 al 2018. El precio con pago diferido a tasa libor más 1% suma $50’700.000, según el acta del Comité de Contrataciones de la FAE.
La caída del primer Dhruv, el 27 de octubre de 2009, motivó de parte del entonces asambleísta Fausto Cobo, coronel en SP, una denuncia penal contra el ministro Javier Ponce y 18 militares y un pedido de juicio político ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (negado por la mayoría correísta), por irregularidades en el cumplimiento de requisitos. Se detectó que las cinco aeronaves recibidas hasta entonces tenían piezas de otros años, cuando el contrato establecía que los helicópteros y sus componentes debían ser nuevos, del 2008 en adelante.
La Contraloría, durante la administración de Carlos Pólit, confirmó aquello en una verificación a los Dhruv 601 (presidencial), 602, 603 y 605. El 604 no se revisó, pues ya se había accidentado. Se constató que cuatro motores eran de fabricación 2007, uno 2006 y uno del 2005. “Se incluyen como parte o accesorio de los motores 4 FADEC (sistema de control de combustible computarizado) del 2006, cuatro palas del rotor principal son componentes aeronáuticos de fabricación 2007”, aunque hubo el compromiso de HAL de reemplazarlas posteriormente.
El 601, 602 y 603 vinieron con partes de años anteriores. El 601 fue el segundo helicóptero en accidentarse, el 20 de febrero del 2014, y el 603, el tercero, el 13 de enero de 2015. Solo el 604, el que se cayó en la ceremonia militar del 27 de octubre de 2009, y el 605, caído el 27 de enero de 2015, tenían equipamiento del 2008.
Los helicópteros no tenían las certificaciones FAR y JAR, licencias de seguridad de vuelo que emite la Administración Federal de Aviación de EE.UU. El general Rodrigo Bohórquez, comandante de la FAE, dijo en el 2009 que no las requerían porque esas son para helicópteros civiles.
Todo esto quedó en la nebulosa y para la percepción ciudadana, en la impunidad. El 29 de diciembre próximo, se cumplen 14 años del asesinato del general Jorge Gabela, sin que la justicia haya llegado “hasta las últimas consecuencias”, como ofrecieron. Podríamos decir que el general Gabela no descansa en paz porque sólo han sido castigados sus sicarios y no los verdaderos responsables del asesinato; su aguerrida esposa Patricia Ochoa merece el reconocimiento ciudadano por su tenaz lucha para que se conozca la verdad y los verdaderos asesinos paguen por el crimen.
