Guayaquil, Ecuador
La privatización ha tenido éxito y ha sido aceptada de forma favorable en la mayoría de países industrializados. En estos países existe un mercado de capitales más desarrollado y un sector privado dominante al cual el gobierno puede ceder el control de las empresas públicas.
En cambio, en los países en vías de desarrollo como nosotros, hablar de privatización presenta más obstáculos. Muchos grupos de interés como sindicatos, burócratas, políticos e intelectuales miran con suspicacia cualquier intento de pasar el control de los servicios a empresas privadas.
Una de las razones de quienes se oponen a cualquier traspaso del sector público al privado o emisión de concesiones y licencias privadas es que esto significaría traspasar la economía y las empresas públicas a las élites poderosas o inversionistas extranjeros perdiendo el país su soberanía y limitando sus ingresos.
También está la creencia generalizada de que muchos servicios públicos son monopolios naturales como el agua y la luz y por lo tanto, deben ser operados y regulados por el sector público. Otro argumento que se esgrime en contra de la privatización es que al ser público se garantiza el acceso a los más pobres, como un sistema de transporte altamente subsidiado que mantiene bajas las tarifas de transporte.
No obstante, en economías pequeñas se teme que cualquier transferencia de un monopolio público al sector privado siga manteniéndose como monopolio, con pocas ventajas para el consumidor. Sin embargo, todo esto es asumir que hay pocas empresas y que no existe suficiente competencia.
A través de la historia se ha comprobado que la posibilidad de competencia en el sector privado ofrece una mayor protección para el consumidor que los monopolios garantizados por el Estado.
Irónicamente en lo que respecta a mantener empresas y monopolios públicos con bajos precios para que los que menos tienen se vean beneficiados es justamente lo que más los perjudica, las consecuencias no deseadas se traduce en servicios ineficientes y decadentes. Además quienes reciben el beneficio público son también los que más pagan impuestos a las ventas como el IVA, o en precios más altos en los productos que consumen.
Ya es momento de que los ecuatorianos mantengamos un serio debate sobre lo que debe y no debe hacer el Estado, debemos desprendernos de empresas y monopolios públicos ineficientes que no tienen ninguna rentabilidad y que son un peso en el presupuesto del Estado.
Ya es momento de que empecemos a transicionar hacia una economía más abierta y amigable con el mundo, que atraiga la inversión, que defiende la propiedad privada, el libre comercio, el gobierno limitado y la libre competencia sin excepciones.
