Guayaquil, Ecuador
Los ecuatorianos estamos obligados a tolerar todo tipo de engaños, sobre todo, en tiempo de campañas electorales, recordemos la frase que se le atribuye al canciller alemán Otto von Bismark: “Nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra o después de una pesca”.
Se hace necesario y urgente cambiar la Constitución actual y simultáneamente el llamado Código de la Democracia, ambos documentos hechos a la medida en el gobierno de Rafael Correa, verdaderos galimatías que entorpecen la correcta administración del Estado y que solo sirven a los obscuros intereses de su mentor.
Con una “nueva” constitución (del 1998 reformada), volveríamos a los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al Congreso bicameral. La Cámara del Senado con máximo 30 miembros, con ciudadanas y ciudadanos mínimo de 45 años y con título de tercer nivel, una de las responsabilidades de la Cámara del Senado sería nombrar a los miembros de los órganos de control en vez de ese bodrio desprestigiado llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De esa forma, sin traumas y discusiones bizantinas se eliminaría como función o poderes del Estado al CPCCS y el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvería a ser el Tribunal Supremo Electoral. La Cámara de Diputados, estaría conformada como máximo por 70 miembros, quienes deberían tener, mínimo 25 años y que no sean analfabetos funcionales, conspiradores a sueldo, que no obstruyan deliberadamente la labor del Ejecutivo y trabajen en función de país.
Igualmente se debería elaborar un nuevo Código de la Democracia, para tener verdaderos partidos políticos que fortalezcan la democracia y no maquinarias electoreras en las que todo deciden sus dueños, unos directamente y otros a tele mandos, desde el exterior.
Los partidos políticos, solo deberían existir a nivel nacional, sus adherentes deben ser afiliados y para ser candidato, la afiliación mínima debe ser de dos años antes de su postulación. Los candidatos para presidente vicepresidente de la República y demás dignidades no deberán tener relación familiar con su antecesor hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La prefectura debe eliminarse, es un organismo que está demás y sus responsabilidades se yuxtaponen con las del Estado, a los ecuatorianos nos cuesta alrededor de 850 millones de dólares al año.
El Fondo Partidario Permanente, se debe revisar; si conviene o no entregar a los partidos políticos, desgraciadamente no cumplen con la obligación de destinar el 70% de esos recursos para formación de nuevos líderes, organizar seminarios, realizar investigación y publicaciones; se conoció que un movimiento político colocó el dinero en pólizas de acumulación y otros simplemente gastan alegremente sin controles efectivos.
Igual, el Fondo de Promoción Electoral es el monto económico que el Estado destina a las campañas electorales de las organizaciones políticas que participarán con candidatos. El partido político o candidato que en los resultados electorales no saque al menos el 50% del número de firmas por el que fue aprobado el partido político que le auspició, debería devolver de inmediato el monto del dinero que le fue asignado para su promoción electoral.
Ojalá, el mandatario que elijamos tenga los arrestos necesarios para hacer estos cambios que el país requiere con urgencia.
