Freddy Carrión, ex defensor del Pueblo, defendió este lunes, 5 de mayo, en una entrevista online con Ecuador en Directo, Guayaquil, a Angélica Porras y a su esposa, la asambleísta electa del correísmo, Priscila Schettini, quienes fueron sancionadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con la suspensión de sus derechos políticos, tras ser declaradas responsables de ejercer violencia política de género contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Según Carrión, «El país se encuentra atónito frente a una resolución que ya no tiene ningún tipo de sentido. Vemos que prácticamente tenía un objetivo que para todo mundo era completamente claro y era sancionar tanto a Priscila Schettini como a Angélica Porras por haberse atrevido a denunciar el tema del plagio».
«Dentro de la sentencia del juez ponente realmente hay frases o conceptos que uno dice, bueno, ni siquiera un estudiante de Derecho, de primer nivel, podría tener un razonamiento tan precario como para llegar a eso, imprimirlo en una sentencia y de esa manera encontrar una responsabilidad sin haber demostrado ningún tipo de un acto culpable, que demuestre que ha habido el cometimiento de una infracción», criticó.
«¿Por qué lo digo de esta manera? Porque existieron muchas series o actos de violaciones dentro del procedimiento. Creo y me quiero quedar con uno de los más importantes. A todas las personas en este país y cualquier parte del mundo, al ser humano se le garantiza un derecho básico, que es a la defensa», comentó.
«Angélica Porras y a Priscila Schettini ni siquiera le permitieron defenderse. ¿Por qué? Porque cuando pidieron el diferimiento de la audiencia para argumentar y tener más tiempo, Muñoz simplemente lo negó sin ningún tipo de argumento», opinó.
«Y ojo, quien lo pidió inclusive fue la propia defensora pública, dado que sus defensores particulares, tanto de Priscila como de Angélica, no se les permitió garantizar su acceso al procedimiento como tal», acentuó.
«Se nombra a una defensora pública y ésta incluso lo llega a decir textualmente en audiencia, señores jueces, no puedo ejercer una adecuada defensa porque el proceso es voluminoso, necesito más tiempo para preparar la defensa, he cogido este proceso hace escasos minutos, lo dijo dentro de la audiencia, se necesita tener y revisar el expediente. El juez dijo, tómese una media hora para revisar un proceso de varios cuerpos», avisó.
Supuestas «violaciones»
«Imagínense esas violaciones, que le estoy citando solamente una de las tantas, que a mí me parece importante porque no le permitió a las imputadas tener una defensa técnica adecuada, argumentar y contra argumentar con aquellas acusaciones completamente falsas, o traídas de los cabellos que todo el Ecuador, insisto, lo sabía, iban orientadas a conseguir una sentencia condenatoria», alertó.
«En otras palabras, si pudiéramos parafrasear a Gabriel García Márquez, existía ya una sentencia previa, era la crónica de una sentencia emitida, en donde la responsabilidad de Angélica y Priscila estaba dada desde el primer momento en que presentaron la denuncia, y en donde tuvo la competencia el juez Muñoz», agregó.
«Ya sabíamos que iban a salir con una sentencia de este tipo, lo que no podíamos imaginar es que iba a ser de tal gravedad en el sentido de las sanciones que se les llega a imponer a dos ciudadanas que ejercieron un derecho a la libertad de expresión, a cuestionar a una autoridad pública», añadió.
«A veces perdemos de vista que eran o son dos ciudadanas que no tenían poder, cargo o función pública, que estaban cuestionando a una autoridad que ejercía el cargo de fiscal general, que presentaron las pruebas respectivas, que acudieron y es otra cosa de las más importantes», indicó.
«Fueron a las instancias que establece la Constitución de la República para reclamar e impugnar cualquier acto de aquellos que se considera tentatorios, o sobre todo que deslegitiman o impugnan el nombramiento de una autoridad de control, como es una de la Fiscalía General del Estado, a donde acudieron», señaló.
«Consejo de Participación Ciudadana, acudieron inclusive a la propia universidad, mal o bien porque hay que decirlo aquello, quisieron protegerla a la fiscal general y se les ocurrió otra cosa que decir que es una impericia, pero claro, cuando uno analiza ese término se da cuenta que la impericia no desvirtúa el plagio, lo único que dice es, usted cometió una impericia, pero la impericia tiene como consecuencia que ha copiado textos que no le pertenecen, eso en buen romance se llama plagio», puntualizó.
«Le vamos a disculpar porque no tenía las capacidades como para darse cuenta en esos momentos de lo que estaba haciendo, pero nadie ha desvirtuado y negado ni la propia universidad que no se cometió un plagio, lo que está diciendo solamente que fue producto de una impericia, pero el plagio existe, eso demuestra», precisó.
Presunto «plagio»
«Angélica Porras como Priscila lo de demostrar, quedó en evidencia ante el país, eso es algo que jamás lo va a poder negar la fiscal general, esta sentencia en donde tenemos jueces títeres que tienen muchas cosas que esconder y que obviamente, Wilman Terán lo dijo en su juicio político, que la mayoría de los jueces, por no decir todos, tienen investigaciones previas porque esa es la forma de actuar de Fiscalía», divulgó.
«Si no terminamos haciendo lo que dice la fiscal, entonces investigación previa porque en este país lo más fácil es inventarse un delito, iniciar un proceso penal cuando ya tenemos jueces comprados, en donde el procedimiento ya no es más que cumplir etapas que no tienen ya ningún tipo de valor porque la sentencia está emitida desde el momento mismo en que se ha iniciado una acusación fiscal», anunció.
«Eso en este país es la tónica diaria cuando queremos eliminar, silenciar o callar aquellas personas que consideramos son opositoras políticas, son aquellos que están cuestionando mis acciones, mi actuación y la mejor manera es que implante un proceso fiscal a través de una investigación o una instrucción fiscal, y con eso mandó a callar a cualquier persona», informó.
«Con Priscila y Angélica, lo intentó la fiscal general, no olvidemos que la fiscal general inició una investigación previa por delito de odio, utilizando toda la infraestructura del Estado en contra de dos ciudadanas que cuestionaron su accionar, que demostraron el caso armado», compartió.
«En el caso mío en particular, que demostraron cómo se fraguaban pruebas y se adulteraban documentos, partes policiales y, consecuentemente, el plagio de la fiscal general que demostraba ya todo un armado judicial de quien no tiene las condiciones profesionales o las capacidades profesionales como para haber estado en el cargo», contó.
«Lamentablemente vivimos en un país en donde los hechos consumados, el poder se utiliza para perseguir, investigar y encerrar aquellas personas, hemos llegado a ver situaciones que ya no forman parte ni siquiera de la imaginativa social. Un tribunal conformado por cinco personas, de las cuales cuatro de ellas deciden el cargo de una representante del pueblo ecuatoriano de más de tres millones de habitantes», complementó.
«Tres millones y medio de personas decidieron por una candidatura, le dieron su voto de confianza, pero cuatro señores sentados en una mesa deciden el futuro, es decir, aquí la voluntad popular es lo que menos importa y eso hay que decirlo», narró.
«Favoritismo»
«El voto es lo que menos importa, la representación o la participación ciudadana nos sirve más que para legitimar ciertos procesos electorales que supuestamente nos pueden llevar a determinar que somos una democracia, que cada cuatro años venimos a votar», adelantó.
«Cuando no se respeta la voluntad popular y a través de cuatro personas se puede quitar una representación popular sin ningún tipo de argumento porque formamos parte de la lucha política, y ahora ya no está en el campo político sino en el campo de la justicia electoral», refutó.
«Mire lo que ha pasado con estos jueces electorales. ¿Cuántos de ellos no tienen una serie de escándalos en donde se han reunido con sujetos electorales en donde inclusive uno de ellos tiene como a su yerno dirigiendo el partido de ADN en la provincia de Loja? ¿Qué ha pasado?», cuestionó.
«Él sigue bien campante administrando justicia a favor del presidente de la República cuando es obvio que tiene un interés concreto a favor de ADN y en contra de cualquier organización política, pero lo tenemos bien sentado ahí administrando justicia», discrepó.
«Ese es el tipo de personas que ya no tienen ni siquiera ética, que lo único que hacen es simplemente convertirse en brazos ejecutores del gobierno, de la Fiscalía General del Estado. Imagínense llegar a ese nivel», dijo.
«Claro, este juez Torres, por supuesto que tiene muchos o algunos procesos que deberían haber ya estado inclusive con sentencias porque él ha cometido una serie de infracciones, pero la tiene de lado a la fiscal no se ha iniciado ningún tipo de investigación», manifestó.
«Y así le puedo hablar también con los otros jueces que lamentablemente llegan a ejercer una función jurisdiccional con el único encargo de ser brazos ejecutores de la persecución política. Nos encontramos sumamente preocupados, angustiados», mencionó.
TCE
«Esta es una sentencia que no solamente es el quitarle una representación popular que no es de Priscila, es el pueblo ecuatoriano de esos tres millones y medio de personas que le han confiado su voto, le han dado un encargo que en lo mínimo debería defenderse y debería respetarse esa voluntad popular», señaló.
«Pero ya sabemos que con ese Tribunal Contencioso Electoral prácticamente se ha convertido en la instancia mayor, en la instancia suprema de la representación política. Ya no interesa el voto, solamente importa que las cuatro personas, tengamos hablado, conversado y de esa manera garantizado nuestros derechos a través de ellos, independientemente de lo que diga el pueblo ecuatoriano», indicó.
«Pero esta sentencia, como digo, va más allá del quitarle la representación popular, va indudablemente de exigirles que se disculpen de decir la verdad. Demuestro que hay un hecho que no puede darse lugar en este país», precisó.
«En otros países, cuando ha habido una autoridad que ha cometido un plagio, lo primero que sucede es poner la renuncia e irme, dejar esa representación política o esa función pública. En Ecuador, en cambio, lo que se ha significado cuando se ha demostrado el plagio es me aferro en el cargo y a mis denunciantes los condeno al exilio o a la cárcel», divulgó.
«Porque pedirle que se disculpe a una persona por decir la verdad es prácticamente un contrasentido de lo más básico en este país, que es la ética y la decencia. Si usted mañana dice la verdad y el denunciante le dice, oiga, pero ¿por qué me dice la verdad? ¿Por qué me está cuestionando? Ah, no, le voy a seguir un juicio para que me pida disculpas públicas», alertó.
«Y la pregunta es ¿de qué le pido disculpas? De decir la verdad, de que se ha cometido un plagio, de que usted es responsable de aquello. ¿Cómo me disculpo? Es decir, realmente es una sentencia sin nombre y que, como digo, tiene un trasfondo, tiene una dirección que es, ah, ustedes no van a disculparse, entonces inmediatamente cárcel», adelantó.
«Porque lo primero, y ya está armado, ya está listo, es el siguiente proceso penal que se iniciaría por incumplimiento de decisiones de autoridad legítimo y de esa forma ejecutar lo que siempre ha pretendido la fiscal general, llevarlas a la cárcel, tanto a Priscila como a Angélica porque en este país, nadie se puede atrever a cuestionarla mucho menos haberle dicho que ha cometido un plagio», detalló.
«Persecución»
«Porque eso es obviamente ya no solo a cuestionar su acto público o los actos cometidos dentro del ejercicio de la Fiscalía General, sino eso es cuestionar su propia profesión. Imagínese lo grave que es eso porque cuestionar su profesión al decirle usted no cumplió los requisitos para llegar a tener el título de abogada, mucho menos para cumplir la función de fiscal, es indudablemente muy grave», comentó.
«Lo que hemos hecho que es iniciar juicios penales, electorales, con la única finalidad de que jueces veniales porque están más interesados en sus asuntos económicos o en sus asuntos personales de no ser descubiertos, entonces emiten sentencias de este tipo para silenciar a dos ciudadanas y esto es muy importante decirlo, aseveró.
«Miren cuál han sido la consecuencia es quitarles una representación popular, en el caso de Angélica Porras, cuestionaron e impugnaron ante el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional, por haber defendido a Freddy Carrión, por haber denunciado el plagio de la fiscal general», narró.
«Ahora vemos las consecuencias tanto para Angélica como Priscila de que las están anulando, limitando, les están coartando y obviamente quitándole su derecho a la libertad de expresión, a opinar y a decir la verdad y sobre todo a que las autoridades sean cuestionadas, y controladas socialmente, ciudadanamente, como establece la Constitución», añadió.
«Realmente vivimos tiempos muy difíciles, lo he calificado como violentos, en donde a través de la justicia y de la persecución que se ha iniciado desde las propias autoridades del Estado, se pretende silenciar las voces que han sido críticas, que han demostrado y esto tengo que decirlo, con tanta valentía Priscila como Angélica se han atrevido a cuestionar a la mujer o a la persona más poderosa de este país, a la fiscal general», relató.
«La han cuestionado, le han demostrado las infracciones que ha cometido, el plagio que ha hecho e indudablemente es lógico que la fiscal general pretenda no quedarse quieta hasta no conseguir, ya lo consiguió en el caso de Angélica Porras, sacarla de en medio en el concurso de jueza de la Corte Constitucional y ahora vulnerando todo principio democrático, le acaban de quitar la representación popular a Priscila», manifestó.
«Hubiera aspirado que no solamente ella vote en contra, sino todos los jueces electorales. Era lo ético, era lo decente, pero lamentablemente como digo, la jueza Coloma tomó una de las múltiples violaciones al debido proceso como tal que se han cometido en este caso», opinó.
«Comentarios ofensivos»
«Tenemos a una perito, Elsa Guerra, que empezó a dar su peritaje y a explicar la situación desde un bus, o sea, ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo directamente en la sala de audiencia, sino desde una buseta, indicando que sí, que se ha cometido violencia política», aclaró.
«¿Por qué? Porque, imagínese llegar a decir que es una violencia política por el hecho de haberla denunciado y que luego de eso, por haber denunciado un plagio, se han vertido una serie de comentarios que se dan en las redes sociales», recalcó.
«O sea, ¿cómo uno puede controlar lo que las personas quieran comentar de acuerdo a su libre arbitrio? No soy responsable de los comentarios que se exponen en las redes sociales, en X, Facebook o Instagram», enfatizó.
«Por supuesto, y hay una serie de comentarios muy negativos que les han dicho absolutamente de todo, con una falta de respeto atentatorio inclusive a su propia dignidad de mujeres. Les dijeron de todo, pero pese a ello, se mantuvieron. Pero el juez electoral, primero, Muñoz y ahora estos cuatro infames jueces, llegan a decir no», dijo.
«O sea, lo que dice Angélica Porras como Priscila y ha sido tan difamatorio. ¿Cómo un ciudadano puede intimidar a una autoridad que goza de la protección del Estado y que tiene una de las herramientas más eficaces, que es la persecución penal? ¿Cómo se puede intimidar?», preguntó
«Esto es más o menos como que un ciudadano de a pie intimide a la policía que dispone del uso del arma. Es que no hay ni siquiera una mínima coherencia en los conceptos que se vierten en esta sentencia para imponer una sanción», hizo hincapié.
«Así es. Bueno, esa es la sentencia de primer nivel. El juez Viteri es el que en segunda instancia dice, yo propongo esta sentencia sometida a votación, y los cuatro jueces se adhieren a esta sentencia. Y este, claro, el juez Viteri dice, es que son frases completamente infamantes e intimidatorias. ¿Intimidatorias por qué?», discrepó.
Últimos recursos
«Y solo a través de ese TCE se ha logrado, primero, silenciarlas a Angélica y a Priscila. Segundo, quitarles una representación popular. Y tercero, indudablemente, lo que pretende la fiscal general es llevarlas a la cárcel», aseveró.
«Tanto Priscila como Angélica, indudablemente, lo están revisando. De parte de la defensa también estamos agotando todos los recursos, que ya son pocos, obviamente, el recurso de aclaración y aprehensión», mencionó.
«Claro, que aclaración y aprehensión que lo agotaremos. La idea es agotar todo aquello e indudablemente también vamos a recurrir a la justicia internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la propia Naciones Unidas, a través de los comités de Derechos Humanos», advirtió.
«Muy parecido a mi caso, seguiremos recurriendo ante la justicia internacional porque la nacional indudablemente, está prostituida, está comprada. Aquí no existe justicia y, por lo tanto, no esperamos de que se nos reconozcan nuestros derechos en el Ecuador, pero estamos seguros que se lo hará a nivel internacional, que lleva tiempo, por supuesto», adelantó.
«Pero a lo que iba es que el video que ha estado circulando en redes sociales y que tiene una dirección, una completa dirección política, claro, se toma un video de junio del 2024, cuando salió la primera instancia», alegó.
«Así es, la primera reacción que tuvieron Angélica como Priscila es decir, no vamos a agotar esto, vamos a seguirla peleando. Hay una segunda instancia, pero en estos momentos no las vamos a acatar porque es una sentencia que no se puede acatar, no se puede sancionar a quien dice la verdad», aclaró.
«Y se siguió discutiendo, se siguió litigando en el Tribunal hasta ahora que ya sale esta sentencia de última instancia», criticó.
Sanción
El TCE indicó que tanto Schettini como Angélica Porras, quien quedó fuera del concurso para ser juez de la Corte Constitucional (CC), fueron sentenciadas por violencia política de género contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, de acuerdo con los numerales 1 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia.
La sentencia dictaminó que Priscila Schettini pierda sus derechos políticos durante tres años y pague una multa de USD 22.500, mientras tanto, Angélica Porras deberá pagar USD 13.500 y enfrentar una suspensión de dos años.
Ambas multas deberán cancelarse en un plazo máximo de seis meses desde que la sentencia quede en firme. Además, el Tribunal dispuso que eliminen de sus redes sociales todas las publicaciones que incluyan menciones a la cuenta de la fiscal Salazar o que utilicen los hashtags señalados.
El TCE negó el recurso de apelación de la defensa de Porras y Schettini y como prueba, el organismo electoral dijo que los #Ladyimpericia y #Ladyimpericias «atentan contra la honra de la Fiscal General y coadyuvan a su persecución y a la de su familia».
Priscila Schettini intentó posesionar la idea de que Diana Salzar había «plagiado» su tesis doctoral, una vez que fue la Fiscal quien enjuició a su esposo, Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, por abuso sexual quien finalmente fue sentenciado por ese delito a tres años de prisión en 2021 y salió en libertad el 11 de mayo de 2024 tras cumplir su sentencia.
Desde allí, Priscila Schettini se alió a la también abogada correísta Angélica Porras y quien le apoyó con supuestas pruebas del plagio de la tesis de la Fiscal. Schettini escribió un libro llamado “Entre el Plagio y la Impericia” que fue mostrado cuando acudió a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el entonces rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, y el actual, Patricio Espinosa, negaron la evidencia de plagio en la tesis de la Fiscal, lo que generó críticas del correísmo.
Ahora bien, ¿quién es Freddy Carrión?
Freddy Carrión es un abogado ecuatoriano que se desempeñó como defensor del Pueblo entre 2018 y 2021. En octubre de ese año, fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual contra la pareja del entonces ministro de Salud Pública, Mauro Falconí.
El incidente ocurrió el pasado domingo, 16 de mayo de 2021, en Quito, durante una reunión en el departamento del exministro, en el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Un video que circuló en redes sociales mostró cómo Carrión forcejeaba con la mujer (Gabriela Peñaherrera) en un ascensor y luego se agredía físicamente con Falconí.
En ese mismo período, la entonces Asamblea Nacional censuró y destituyó con 75 votos, al ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por mal uso de los recursos públicos: vehículo institucional y la seguridad asignada.
La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en marzo de 2023, rechazando el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Carrión. Además, en abril de 2024, el Tribunal declaró el desistimiento del recurso de casación por falta de fundamentación, lo que dejó firme la condena.
Carrión cumplió su pena en la Cárcel 4 de Quito y fue liberado el 15 de mayo de 2024, tras haber cumplido la totalidad de la sentencia. Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal le impuso una reparación integral de USD 21,560 a la víctima.
Tras su liberación, Carrión ha sostenido que su condena fue producto de una «persecución política» y ha anunciado su intención de llevar el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
