Quito, Ecuador
En un país donde abundan los opinólogos y escasean los verdaderos especialistas, el Derecho Internacional suele ser subestimado. Se lo trata como un lujo académico o un formalismo lejano a las de las necesidades apremiantes del presente. Esta percepción errónea debe cambiar con urgencia. Hoy más que nunca, el Derecho Internacional es un instrumento esencial para proteger la soberanía, salvaguardar la dignidad humana y defender —con inteligencia y rigor— los intereses estratégicos del Estado en un escenario internacional cada vez más complejo.
Contrario a lo que muchos piensan, el Derecho no es un cúmulo de opiniones subjetivas ni un capricho político. Es una ciencia normativa, estructurada por métodos, fuentes y principios claros que permiten interpretarlo, argumentarlo y aplicarlo de manera coherente. El Derecho Internacional no es la excepción: regula las relaciones jurídicas entre los actores de la comunidad internacional —principalmente Estados y organizaciones internacionales—, y su dominio exige una formación técnica y especializada, muy distante de la improvisación o la superficialidad.
Pese a su relevancia, en Ecuador el Derecho Internacional ocupa aún una posición marginal, por decir lo menos, dentro de la formación jurídica. A menudo se lo confunde con las relaciones internacionales y se enseña como una materia optativa o de “relleno”, despojándolo de su verdadera naturaleza como ciencia jurídica, con normas, procedimientos y mecanismos propios. Esta omisión resulta particularmente grave si consideramos la transversalidad del Derecho Internacional en múltiples dimensiones de la realidad ecuatoriana contemporánea. Su importancia no solo se limita a la resolución de conflictos, sino que también juega un papel crucial en la prevención de crisis y en la promoción de la cooperación internacional, ámbitos en los cuales Ecuador se encuentra involucrado constantemente.
Esta desconexión con el Derecho Internacional no es solo una cuestión académica; tiene consecuencias concretas y directas para el país. El fracaso en procesos de extradición, la ausencia de defensa técnica en litigios internacionales o la improvisación en arbitrajes son síntomas de una constante: derrotas causadas, en buena parte, por una formación deficiente en Derecho Internacional. ¿Cuántas de estas derrotas no han sido, en el fondo, fracasos estructurales de formación jurídica?
Este cuerpo normativo es determinante en diversos ámbitos, como la calificación de situaciones de violencia como conflictos armados, lo que conlleva el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. También regula la lucha contra el crimen transnacional, incluyendo el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico, y establece estándares penitenciarios mínimos, promoviendo la cooperación en la lucha contra delitos transfronterizos. A su vez, determina la responsabilidad internacional de los Estados por actos ilícitos y permite el acceso a los sistemas interamericano y universal de protección de derechos humanos.
Este cuerpo normativo también cubre el régimen jurídico del asilo, abarcando tanto la dimensión diplomática como la protección de refugiados y solicitantes de asilo. Además, regula la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, así como la delimitación marítima, la protección de los recursos marinos y la seguridad en aguas jurisdiccionales, en el marco del Derecho Internacional del Mar. En lo relativo al medio ambiente, promueve la protección de los recursos naturales y la biodiversidad a través de tratados sobre cambio climático, responsabilizando a los Estados por daños ambientales transfronterizos.
Finalmente, el Derecho Internacional regula el comercio internacional, protegiendo las inversiones extranjeras, y juega un papel crucial en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a sus territorios y autodeterminación.
El desconocimiento de estos temas tiene consecuencias graves y concretas. El asalto a la Embajada de México en Quito es un ejemplo lamentable. Este incidente, que exigía conocimiento técnico sobre asilo y derecho diplomático, fue gestionado con interpretaciones apresuradas, desestimando precedentes de la Corte Internacional de Justicia y normas claras sobre el asilo diplomático. Si el Estado hubiera contado con expertos en Derecho Internacional capacitados para aplicar las normas con rigurosidad, el resultado podría haber sido muy diferente. No se trató solo de errores técnicos: fueron decisiones que debilitaron la posición internacional del Ecuador. Ya es hora de que dejemos de actuar como amateurs en la arena global.
El Derecho Internacional no es un lujo, sino un escudo indispensable. Lejos de limitar la soberanía, la refuerza. Bien manejado, se convierte en una herramienta poderosa para resolver conflictos, fortalecer la posición del Estado y abrir vías legales ante desafíos políticos. El problema no radica en la existencia de normas, sino en la falta de capacidad para aplicarlas con estrategia y visión, lo cual se refleja claramente en la Procuraduría General del Estado. Al adoptar un enfoque reactivo y carecer de expertos en Derecho Internacional, la Procuraduría ha cometido errores costosos, debilitando la posición de Ecuador en tribunales internacionales y dejando en evidencia la ausencia de una visión estratégica para proteger los intereses nacionales.
Por eso, es necesario que las universidades ecuatorianas refuercen de manera decisiva la formación en Derecho Internacional. No se trata de un lujo académico, sino de una necesidad estructural. Nuestros abogados deben ser capaces de diseñar estrategias sólidas y actuar con rigor en el escenario internacional. No basta con buenos deseos; se requieren especialistas bien formados, comprometidos con el servicio público y preparados para enfrentar desafíos reales.
Permítanme, estimados lectores, compartir una reflexión personal. A lo largo de mi trayectoria en organismos internacionales, he aprendido que el Derecho Internacional no es una mera abstracción académica: es una herramienta tangible que nos permite evitar que lo inhumano se convierta en una triste realidad cotidiana. Recuerdo vívidamente un testimonio que presencié en Tanzania, en 2007, mientras trabajaba como abogado en uno de los juicios por el genocidio de Ruanda. Una sobreviviente relataba atrocidades con una serenidad que estremecía. Al salir de la sala, aún conmovido, me detuve frente al espejo del baño y, por primera vez con total claridad, comprendí —con una intensidad que nunca he olvidado— por qué había decidido estudiar derecho. Ese instante dejó una huella indeleble en mi vida.
Y hoy, como docente, me pregunto: ¿no deberíamos aspirar a que nuestros estudiantes en Ecuador comprendan el Derecho Internacional con esa misma profundidad ética y profesional?
Esta reflexión da base a mi llamado a la acción: el reconocimiento del Derecho Internacional como una herramienta esencial para la protección de los derechos humanos, la soberanía y el desarrollo del país, más allá de su dimensión técnica. Debe ser visto como un pilar fundamental de justicia global, que orienta y resguarda nuestras relaciones internacionales y políticas exteriores. Por todo ello, formulo una recomendación respetuosa pero urgente al Presidente de la República y a su Gobierno: fortalezcan la formación técnica en Derecho Internacional dentro del servicio público; profesionalicen las representaciones del Estado en foros internacionales; y rodeen su administración de expertos capaces de anticipar, prevenir y resolver conflictos conforme al Derecho, no a la improvisación. Ecuador cuenta con juristas dispuestos a servir al país más allá de cualquier diferencia política.
Como advirtió René Cassin, uno de los arquitectos de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “La justicia internacional no debe ser el lujo de los poderosos, sino el refugio de los pueblos.” Ecuador debe comprender que el Derecho Internacional y el estado de derecho no son accesorios opcionales, sino herramientas fundamentales para nuestra defensa y proyección en el mundo. Esta transformación debe comenzar en nuestras universidades y, con determinación, ser reflejada en las políticas y acciones del Estado.