Quito, Ecuador
Junio es el mes del famoso “Orgullo LGBTIQ+”. Es un mes que algunos conmemoran, otros celebran y muchos lucran. Lo cierto es que es un mes que ha logrado posicionarse en el marketing político, empresarial y social para visibilizar diversas orientaciones sexuales y expresiones de género. En lo personal, no me sumo a las celebraciones. Me anoto a la comprensión, a la empatía, a la no discriminación y a la no violencia por medio del reconocimiento de realidades diferentes a lo que denominan la ‘heteronormatividad’, pero no a la exaltación.
Ecuador no es un país donde se deban celebrar los privilegios.
Según la DRAE, un privilegio se define como una “ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.” Nuestra Constitución establece claramente grupos de personas que, por las circunstancias sociales y económicas de nuestro país, deben gozar de estos privilegios. Hablamos de adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privados de la libertad, pacientes con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia y maltrato infantil o desastres naturales. Es una lista amplia, pero las cifras lo son más.
En Ecuador, para diciembre del 2024, el INEC estima que el 28% de la población del Ecuador vive en una situación de pobreza. Luego, existe un 12,8% de personas en pobreza extrema, menos de 2 dólares al día. Estamos hablando de 2.3 millones de ecuatorianos que no comen más de una comida al día. Respecto de los adultos mayores, se estima que 1 520 590 de ecuatorianos están en esta categoría, que representa 9% de la población. De ellos, casi un millón viven en pobreza y 250.000 en pobreza extrema.
Si hablamos de personas con discapacidad, las cifras oficiales estiman que un 7% de ecuatorianos las padecen. Y la discapacidad es también un factor sectorial de pobreza, puesto que ataca económicamente a las familias en tratamientos y equipamiento mínimo como una silla de ruedas o unas muletas. Sin embargo, solo en la ciudad de Quito, más de la mitad de aceras y veredas son imposibles de transitar para una persona en silla de ruedas.
Las personas con enfermedades catastróficas son, en cambio, un grupo marginado de la población, pues no existen datos oficiales. Organizaciones sociales estiman que el número asciende a 800.000 personas que padecen este tipo de enfermedades, que comprenden las incapacitantes, incurables y que atentan directamente contra la calidad de vida de las personas que las padecen. El Proyecto de Ley de Enfermedades Catastróficas, Huérfanas y Raras lleva casi 3 años en la Asamblea Nacional sin ser promulgado.
Estamos de acuerdo en que nadie debe ser discriminado, ni mucho menos agredido, por su condición económica, racial, social o cultural, tampoco por su identidad de género. De eso no se trata esta columna.
Se trata sobre cuestionar la narrativa de la ‘segregación histórica’ de un sector político que ha enfocado su lucha en la obtención de derechos simbólicos, muchas veces desconectados de las urgencias sociales mayoritarias, cuando las personas que se declaran parte del colectivo LGBTIQ+ representan apenas el 2.4% de la población, según el último censo, respecto del 28% de ecuatorianos en situación de pobreza, 12.8% en pobreza extrema, 7% con discapacidad, etcétera etcétera.
Y un dato más para cerrar. Según cifras oficiales del Registro Civil, desde que se instauró el matrimonio igualitario en ecuador, el 12 de junio de 2019, este “derecho” benefició sólamente al 0,007 % de la población ecuatoriana. Eso implica que de 17.9 millones, sólo 630 parejas han querido beneficiarse de esta ‘decisión histórica’. De ellos, el 10% ya están divorciados.
Es hora de replantearnos los discursos ideológicos que desconocen nuestra realidad social y nos cuestionemos realmente cuáles son nuestras prioridades, para que las nuevas leyes y políticas públicas transformen el país de todos hacia uno verdaderamente inclusivo, especialmente respecto de los más vulnerables. Necesitamos reenfocar nuestras políticas públicas hacia la inclusión real: una que priorice a los más vulnerables sin caer en disputas ideológicas. La justicia social empieza por los más olvidados.
