Guayaquil, Ecuador
La anunciada fusión de ministerios, que los reduce de 14 a 10 y que fue impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de su denominado plan de eficiencia administrativa, iniciado en julio de 2025, cuando redujo el número de ministerios de 20 a 14, ha generado diversas reacciones en distintos sectores de la sociedad. Por un lado, se encuentran quienes rechazan la medida, argumentando que provocará la desatención de sectores socialmente importantes; por otro, quienes sostienen que no es deber del Estado intervenir en cada aspecto de la sociedad.
En este primer grupo se ubican los sectores más colectivistas de la sociedad ecuatoriana, cuya postura se sustenta en la defensa de la permanencia de los ministerios recientemente fusionados. Las críticas se centran principalmente en la pérdida del enfoque sectorial, argumentando que ministerios como el de Agricultura o la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Comunidades son esenciales para el adecuado desarrollo y la protección de los derechos de sectores vulnerables.
En el segundo grupo, además de la militancia oficialista que, por naturaleza, respaldará al presidente independientemente de sus acciones, se encuentran también sectores liberales que consideran estas medidas como “un paso en la dirección correcta” y que han manifestado su apoyo a través de redes sociales y medios de comunicación, argumentando que la “reducción del tamaño del Estado” es algo por lo que el presidente parece estar apostando.
Para continuar, resulta fundamental plantearnos la siguiente pregunta: ¿realmente Noboa ha logrado reducir el tamaño del Estado? Y para responder a esta pregunta, es importante primero revisar a qué nos referimos cuando hablamos del “tamaño del Estado”.
El tamaño del Estado puede analizarse desde tres dimensiones, las cuales detallaré a continuación.
La primera dimensión es cuantitativa y se analiza a partir de tres ejes: el porcentaje del gasto público respecto al tamaño total de la economía, que en Ecuador asciende al 33.27%; la carga tributaria en relación con el tamaño total de la economía, que alcanza el 21.7%; y la cantidad de empleados públicos existentes en el Estado, que ronda los 500.000.
En ese sentido, no se observa un cambio significativo. El presupuesto destinado al gasto en salarios del sector público ha aumentado de alrededor de 9.000 millones a 10.000 millones de dólares; la carga tributaria aumentó del 19% a más del 21%; y, por último, la cantidad de empleados públicos no se ha reducido como cabría esperar, ni parece existir voluntad política para hacerlo. Según estimaciones de la Universidad San Francisco de Quito, la reducción debería alcanzar aproximadamente los 50.000 empleados.
La segunda dimensión es funcional y se refiere a las actividades que realiza el Estado, tanto en sus áreas de acción como en su nivel de intervención en la economía y en la vida de las personas. Podría pensarse que la fusión de ministerios y secretarías —tal como ha sido presentada por los medios de comunicación y replicada por la opinión pública— contribuiría a una reducción de la dimensión funcional del Estado y, por ende, a una disminución de su tamaño. Sin embargo, esto no es así.
Lo que hace la reciente reestructuración del Ejecutivo no es eliminar ministerios, sus funciones o su incidencia en la vida privada de los agentes económicos, sino transferir dichas funciones a otros ministerios. Esto significa únicamente que dejaron de existir como entidades independientes, pero no que cesaron sus actividades. En otras palabras, continúan existiendo burócratas encargados de supervisar áreas como la agricultura y las telecomunicaciones, o de gestionar a los pueblos y nacionalidades, operando con el mismo personal, en las mismas oficinas y con los mismos presupuestos, manteniendo su influencia e intervención en dichas áreas. La única diferencia es que ahora dependen de una institución distinta.
Por último, se encuentra la dimensión institucional, que se refiere a la forma en que opera el Estado y se enfoca principalmente en tres aspectos: la centralización, que busca determinar dónde se concentra el poder; la burocracia, que mide el grado de complejidad de los trámites estatales; y el poder coercitivo, que indica hasta qué punto el Estado restringe o condiciona las decisiones de los agentes económicos.
No es necesario profundizar en cada uno de estos aspectos para concluir que, en términos generales, nada ha cambiado. El poder continúa concentrado enteramente en manos del Ejecutivo; los trámites gubernamentales siguen siendo un reflejo de la burocracia y el atraso; y el Estado mantiene su capacidad de condicionar y restringir la vida y el desarrollo de los agentes económicos en beneficio de la clase gobernante.
Debe quedar claro que no existe una reducción real del tamaño del Estado ecuatoriano, ni cuando los ministerios pasaron de 20 a 14 ni ahora que se reducen a 10; el aparato estatal continúa siendo tan grande como siempre. No sería sorprendente que esta medida constituya, más bien, un movimiento político por parte de Noboa, orientado a obtener popularidad de cara a las próximas elecciones seccionales. Comparaciones de esta naturaleza ya se han realizado y han sido difundidas por diversos sectores.
No debemos dejarnos impresionar; conocemos bien lo que implica un Estado obeso, ya que hemos vivido bajo ese modelo durante muchos años. Asimismo, comprendemos las características de un Estado pequeño y lo que supone la transición de uno a otro.
Por ello, no debemos celebrar como un logro la supuesta reducción planteada por Noboa, sino continuar exigiendo una disminución real del tamaño del Estado en las dimensiones aquí descritas, así como en todas aquellas que resulten pertinentes. No debemos bajar la guardia, pues el precio de la libertad es su eterna vigilancia.