El fiscal subrogante, Wilson Toainga, emepezó la audiencia de juicio contra el expresidnete Jorge Glas por el llamado caso ‘Reconstrucción de Manabí’. Toainga inició su alegato exponiendo lo ocurrido en el terremoto del 16 de abril de 2016 que devastó a Manabí y obligó al país a destinar recursos urgentes para su recuperación.
Según Toainga, ese esfuerzo ciudadano fue desviado por Jorge Glas y Carlos Bernal, quienes habrían abusado de los fondos públicos asignados a la reconstrucción.
En su intervención, la Fiscalía señaló que ambos procesados impulsaron obras como la vía Manta-Colisa y el Parque Las Vegas, que no eran prioritarias ni tenían relación directa con los efectos del sismo.
Toainga aseguró que esos proyectos no justificaban financiamiento emergente y que su ejecución provocó un perjuicio al Estado superior a 225 millones de dólares. Por ello, solicitó al Tribunal que los declare responsables del delito de peculado.
Resultado psiquiátrico no impidió proseguir el juicio contra Glas
El 11 de junio, la perito Ángela Salazar entregó la evaluación psiquiátirca del estado de la salud mental de Glas. Según el informe, exvicepresidente presenta un cuadro de depresión grave y alto riesgo suicida, pero sus capacidades cognitivas se mantienen dentro de parámetros normales.
Además, la especialista identificó un diagnóstico de simulación consciente, lo que implica que el exfuncionario habría fingido síntomas.
Defensa de Glas cuestiona a la Fiscalía
El abogado defensor de Jorge Glas, Andrés Villegas, calificó el proceso penal como una “patraña” y aseguró que su cliente no tenía facultades para priorizar proyectos ni suscribir contratos. Sin embargo, durante el Gobierno de Rafael Correa, éste le asignó estar a cargo de los llamados «sectores estratégicos», entre ellos estuvo a cargo de la reconstrucción de los bienes afectados por el terremoto en Manabí.
Villegas, sostuvo que los contratos cuestionados ya estaban firmados cuando se definieron las prioridades y negó que Glas y Carlos Bernal hayan actuado sin respaldo del Comité de la Reconstrucción. Afirmó que los proyectos sí respondían a criterios de urgencia tras el terremoto de 2016.