La sentencia por esclavitud moderna contra la empresa de capitales japoneses Furukawa y las disculpas públicas emitidas por el Estado son una «oportunidad histórica para que Ecuador enmiende el rumbo» y avance en la garantía de derechos humanos, consideró el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
«Hacer justicia en un caso de tal magnitud no solo implica una reparación efectiva para las víctimas directas, sino garantizar la no repetición de estos hechos como parte del fortalecimiento del tejido social propio de un estado de derecho», dijo Jarab en una columna de opinión publicada en la página web de la oficina regional.
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador determinó en diciembre de 2024 que Furukawa fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.
Este sometimiento consistía en «aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición». En la sentencia, los jueces identificaron a 342 víctimas de servidumbre de la gleba.
Además de condenar a la empresa, la CC también declaró responsables de esta situación a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, por considerar que «omitieron adoptar medidas de prevención y protección frente a la violación de la prohibición de la esclavitud por parte de Furukawa», por lo que pidieron disculpas públicas a las víctimas el pasado 31 de mayo.
Exclusión social en Ecuador
Para Jarab, este caso «es un doloroso ejemplo de la exclusión social y el racismo en Ecuador, con un Estado que falló en su deber de proteger, fiscalizar y sancionar prácticas empresariales violatorias de la dignidad humana».
«También nos convoca a reflexionar sobre cómo el modelo económico vigente perpetúa el racismo y la discriminación estructural, marginando a amplios sectores y afectando el ejercicio de sus derechos esenciales», agregó el representante regional.
Además, señaló que en Ecuador, al igual que en otros países en la región, «persisten las desigualdades socioeconómicas y la pobreza, dando pie a condiciones estructurales de precarización laboral y explotación de poblaciones como las personas afrodescendientes».
Por lo que Furukawa «marca un punto de inflexión en la necesidad de garantizar que las empresas cumplan con su obligación de respetar los derechos humanos y actúen con debida diligencia frente a los impactos de sus actividades».
Medidas de reparación
Después de seis meses de la emisión de la sentencia, Jarab aseguró que es urgente que se implementen de forma integral las medidas de reparación ordenadas por la Corte, «considerando las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas».
Apuntó que es necesario que la empresa rinda cuentas «por los abusos cometidos» y que repare el daño, «más aún cuando sus prácticas afectaron a largo plazo la vida, la integridad y la salud de las y los abacaleros, profundizando su vulnerabilidad y exclusión».
También llama al país a mostrar avances en la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, e intensificar sus esfuerzos en materia de política pública, administrativa y legislativa.
«Ello incluye la adopción de una normativa de debida diligencia en derechos humanos que se alinee con los estándares internacionales, que exija procesos de debida diligencia de manera unificada y determine directrices claras de conducta a las empresas», detalló.
Una política pública que han estado solicitando las víctimas y que volvieron a pedir al Gobierno durante el evento en el que se les pidió disculpas, pues no quieren que el caso quede en la impunidad.
Jarab aseguró que como ONU Derechos Humanos están dispuestos a apoyar a Ecuador en su misión de hacer justicia y de garantizar que hechos como estos no se vuelvan a repetir.
A inicios de mes, Furukawa, condenada a pagar más de 41 millones de dólares a 342 denunciantes, presentó ante la CC un plan de pagos, que se basa en principios de «cumplimiento progresivo, proporcionalidad y sostenibilidad».
Recordó que para cumplir con este compromiso, ha solicitado en cuatro ocasiones a la CC el levantamiento de la prohibición de enajenar sus bienes, porque el monto de la reparación excede significativamente el patrimonio total de la empresa. EFE (I)