La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha convocado una movilización para el próximo viernes, 11 de julio, como protesta contra la Ley de Integridad Pública, que fue aprobada el anterior martes, 24 de junio, con 84 votos afirmativos en la Asamblea Nacional, en Quito, y entró en vigencia el pasado jueves, 26 del presente mes, tras su publicación en el Registro Oficial.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, presentó este lunes, 30 de junio, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) contra dicha ley.
Entre las principales razones del recurso está el establecimiento de sanciones más severas para adolescentes infractores en casos de delitos graves.
Adicionalmente, Quishpe sostuvo que la ley afecta la estabilidad laboral y los beneficios de jubilación de los servidores públicos, por lo que solicitan a la Corte que anule los artículos más controversiales y trate el tema con carácter prioritario.
Cooperativa de Ahorro y Crédito se suma al rechazo
Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, con sede en Cuenca, también expresó su rechazo a la normativa. Sus directivos manifestaron preocupación por una disposición que transfiere el control de ciertas cooperativas a la Superintendencia de Bancos, y que, dependiendo del caso, podría obligarlas a modificar su personería jurídica, transformándose en bancos o incluso enfrentando el cierre.
Aunque aseguraron que no se oponen a la supervisión estatal, los dirigentes insisten en que el control debe ser ejercido por los organismos adecuados según el tipo de entidad. También advirtieron sobre posibles riesgos financieros derivados de la nueva normativa.
Finalmente, criticaron la forma en que esta disposición fue incorporada: según Juan Carlos Urgilés, gerente de la cooperativa, se incluyó entre el sábado y el domingo a 07:00, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
