Quito, Ecuador
El reciente escándalo en la Asamblea Nacional, impulsado por las polémicas imágenes de Dominique Serrano distraído durante una sesión, ha puesto en evidencia, una vez más, problemas profundamente arraigados en la política ecuatoriana. Sin embargo, el incidente, aunque se haya viralizado, es solo una manifestación superficial de un mal mucho más grave: la falta de profesionalismo, formación y seriedad en el ejercicio del poder.
En lugar de centrarse en este comportamiento aislado, debemos cuestionarnos cómo estructuras enteras permiten que esta falta de ética se normalice. Como dijo Maquiavelo: «Los príncipes que tienen el poder a través de la gracia de sus parientes o amigos nunca podrán asegurar la fidelidad de su gente.» Este tipo de dinámicas de poder, que premian la lealtad a intereses particulares por encima de la competencia y el compromiso con el pueblo, es lo que socava la estabilidad de nuestras instituciones.
La ley ya prohíbe claramente el nepotismo, pero lo que estamos presenciando es una interpretación flexible de las normas. La respuesta tradicional ante estos casos ha sido pedir la renuncia de los involucrados. Sin embargo, ¿realmente esta medida soluciona algo de fondo? Terminar con los contratos de aquellos que han llegado a posiciones clave por relaciones familiares, no por méritos, es lo mínimo que se debe exigir. Esto no debe verse como un acto de compasión política, sino como una obligación ética y legal. Pero, ¿estamos dispuestos a abordar la raíz del problema? ¿O vamos a eludir una investigación más profunda que podría involucrar el tráfico de influencias y la destitución de aquellos responsables por gestión deficiente?
Más allá de la distracción momentánea de un asambleísta, lo que realmente debemos cuestionar es el proceso que permitió su ascenso al cargo. ¿Cómo se seleccionan los asambleístas? ¿Qué criterios rigen los nombramientos dentro de la Asamblea Nacional? Más que un incidente aislado, este es el reflejo de una estructura que ha vaciado de autoridad y legitimidad a la institución. La Asamblea se ha convertido en una entidad que ya no cumple con la función democrática de representar al pueblo, sino que está infiltrada por prácticas clientelistas que normalizan el favoritismo. Como bien refleja Maquiavelo, en la política no basta con ostentar el poder, sino que ese poder debe ganarse con legitimidad.
Este comportamiento irresponsable, como hacer dibujos o «shopping» en línea durante las sesiones, refleja una desidia generalizada entre los legisladores. Si bien estos incidentes no son nuevos, la reflexión clave es que la tolerancia hacia la mediocridad perpetúa una política que responde más a los intereses de unos pocos que a las necesidades del pueblo. La falta de profesionalismo debe ser abordada como parte de un cambio integral en las estructuras políticas del país.
La “dedocracia”, donde los dueños de los partidos eligen a dedo a sus candidatos, revela la ausencia de democracia interna en las organizaciones políticas. En lugar de permitir que las bases elijan a sus representantes, el poder se concentra en unos pocos, quienes toman decisiones sin considerar los méritos ni la voluntad popular. Este modelo no solo contradice los principios democráticos, sino que convierte a los partidos en herramientas de poder personal, alejadas de la ciudadanía. El servidor elegido a dedo no responde al pueblo, sino a quien lo coloca en el cargo, y esa lealtad desvinculada del interés público solo socava aún más la confianza en las instituciones.
Lo mínimo que se debería exigir al momento de aplicar a un cargo público es una declaración de conflicto de intereses, que incluya, entre otras cosas, los vínculos familiares. Este estándar, ya aplicado en muchas partes del mundo, debería ser obligatorio en Ecuador para garantizar que los nombramientos no estén influenciados por intereses privados. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser las bases sobre las cuales se seleccionen los funcionarios públicos.
Lo que está en juego aquí no es simplemente un incidente aislado o un par de figuras públicas distraídas, sino la falta de un sistema que garantice transparencia, justicia y eficacia. Es urgente que se investigue profundamente cómo las personas llegan a ocupar cargos relevantes, y que se eliminen las prácticas de favoritismo y clientelismo que prevalecen en la Asamblea Nacional.
No basta con realizar ajustes superficiales o destituir a los implicados en un escándalo mediático. Lo que necesita Ecuador es una reforma estructural que transforme el sistema político y haga que la política deje de ser un campo de favores y se convierta en una verdadera herramienta de servicio público. Solo con un enfoque integral, que ataque las raíces del problema, podremos recuperar la confianza en las instituciones y asegurar que quienes ocupan cargos públicos lo hagan con verdadero compromiso hacia el bienestar del país.
Investigar los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y el incumplimiento de la ley de nepotismo es crucial para garantizar la integridad y transparencia en las instituciones públicas. El tráfico de influencias permite que los funcionarios favorezcan a sus allegados en detrimento del interés público, distorsionando las decisiones basadas en méritos. La malversación de fondos públicos, por su parte, implica el uso indebido de los recursos del Estado para fines personales o de beneficio para un círculo cercano, socavando la eficiencia y el bienestar social.
El incumplimiento de la ley de nepotismo refuerza el clientelismo y la corrupción, al permitir que los familiares de los funcionarios accedan a cargos sin considerar el mérito. La investigación de estos delitos no solo busca sancionar a los responsables, sino también restaurar la confianza pública, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera justa y eficiente, y que las decisiones se basen en el verdadero interés de la ciudadanía.
Estas investigaciones deben ser exhaustivas para comprender cómo estas prácticas corruptas han permeado las estructuras de poder y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. Si el interés por transformar realmente la Asamblea es genuino, no podemos conformarnos solo con medidas superficiales o mediáticas. Es necesario impulsar un proceso de revisión y cambio profundo que erradique el nepotismo y la corrupción sistémica, abordando las raíces del problema y restaurando la legitimidad de la política ecuatoriana.