El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció al Parlamento un plan de medidas anticorrupción este miércoles y se mostró decidido a seguir en el poder, pese a las duras críticas de la derecha, que volvió a exigir elecciones anticipadas, y reproches y advertencias también de sus socios parlamentarios.
El jefe el Ejecutivo reconoció en el Congreso que pensó dimitir y convocar elecciones debido al escándalo de presunta corrupción que salpica a su partido (PSOE), concretamente a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sospechosos de repartirse comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Como respuesta desde el Ejecutivo, explicó Sánchez un amplio plan elaborado con la OCDE y con sugerencias y propuestas de otros partidos minoritarios que suelen apoyarle, como el movimiento izquierdista Sumar, miembro de la actual coalición de gobierno con los socialistas.
Como medidas más importantes, la creación de una agencia independiente anticorrupción, la obligación de someter a auditorías externas a los partidos, la protección de los denunciantes, la agilización de la respuesta judicial a las prácticas corruptas, la incautación de bienes robados y también un cerco para perseguir con mayor firmeza a las empresas corruptoras.
«Profunda decepción»
Admitió Sánchez su «profunda decepción» y el «error» de confiar en el exministro de Transportes Ábalos y en su sucesor Cerdán, que fue enviado a prisión provisional, como secretarios socialistas de Organización, personas de su máxima confianza cuando desempeñaban esos cargos.
«Pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué», dijo el gobernante español. Y fue, al recibir ese «duro golpe», cuando consideró la posibilidad de renunciar y adelantar los comicios generales, previstos en 2027.
Pero lo descartó, argumentó, porque se considera un «político limpio» desconocedor de las corruptelas que lo acechaban, porque está convencido de que podrá recuperar la confianza de sus socios parlamentarios y porque todavía le falta tiempo para culminar su proyecto político. Gobierna desde mediados de 2018.
«No tiraré la toalla», sentenció en el Congreso usando un símil del boxeo.
Recordó también la «reestructuración profunda» acometida en su partido recientemente para prevenir y castigar la corrupción interna.
Críticas de la derecha
Pero el presidente del Gobierno no convenció en absoluto a los conservadores ni a la extrema derecha y a duras penas consiguió un voto de confianza de los partidos de izquierda y nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, que suelen apoyar sus política.
Lo condicionaron a que cumpla un plan que acabe de una vez por todas con la corrupción y avance en la agenda social comprometida.
El líder del Partido Popular (PP), el opositor conservador Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que confiese «todo lo que sabe», devuelva el «botín» (de la corrupción) y adelante las elecciones.
«No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude y lo que le está matando ahora ya lo sabe todo el mundo», recalcó Núñez Feijóo.
El presidente del PP cuestionó así las medidas anunciadas y lo instó a tomar otras reales como reforzar con más personal y recursos la unidad policial especializada que investiga la corrupción por orden de los jueces.
Reacción de la izquierda
Los reproches más acerados llegaron, tal vez, desde dentro de su propio Gobierno. De menara simbólica, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, la izquierdista Yolanda Díaz, optó hoy por no sentarse en la bancada reservada al Ejecutivo en el Congreso, sino con los diputados de su grupo.
Aseguró que Sánchez es «honrado», aunque lo urgió a cambiar el rumbo de manera decidida: «Gobernar no es resistir», según Díaz, pues la ciudadanía progresista está «angustiada» por la corrupción.
Entre los independentistas catalanes, los republicanos de ERC advirtieron de que, si la corrupción «escala», la izquierda forzará elecciones anticipadas. El límite está en que no haya financiación ilegal del PSOE.
La portavoz de Junts (derecha independentista catalana), Míriam Nogueras, dejó claro que su partido no votará a favor de «ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria que supura por muchas de las instituciones del Estado español».
Y a los nacionalistas vascos del PNV no le convencieron los argumentos que Sánchez. Plantearon que, si no ofrece más explicaciones, tiene la opción de presentar una cuestión de confianza, para que el Congreso se pronuncia sobre su continuidad al frente del Gobierno, o convocar elecciones. EFE (I)