El presidente oficialista del Legislativo, Niels Olsen, resaltó el pasado jueves, 10 de julio, a las 19:58, a través de sus cuentas oficiales, la aprobación de la polémica Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas.
La norma fue aprobada con 80 votos a favor en la Asamblea Nacional, en Quito, tras haber sido emitida el anterior el anterior sábado, 14 de junio, con carácter de urgente en materia económica por el Ejecutivo. La tercera con sentido de urgencia en lo que va del nuevo período legislativo.
Según Olsen, «Cuando fui candidato al Parlamento, mi primer compromiso fue construir un proyecto de ley para fortalecer las áreas protegidas. Hoy, junto al presidente Daniel Noboa, lo hemos logrado».
«Este no es un discurso más, ni una ley más. Es la voz de todos los que crecimos entre árboles, honramos a la tierra y soñamos con un país que protege lo sagrado», comentó.
Agradecimientos
«Hoy, aprobamos la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, porque la conservación no puede seguir siendo un acto de voluntariado: debe ser política pública, con recursos, con orden y con urgencia», señaló.
«No es ideología, es sentido común. No es un trámite, es un compromiso de vida porque cuando uno ama de verdad, no se va… se queda. Y cuida», agregó.
«Felicitaciones a mis amigos guardaparques, activistas ambientales, asambleístas y a la academia que construyeron y respaldaron este proyecto», añadió.
«Felicitaciones, Valentina Centeno, por este gran legado para la conservación de nuestras áreas protegidas«, concluyó.
Aprobada pese a creación del SNAP-EP
Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad técnica, autónoma y especializada, encargada de regular, fiscalizar y sancionar, bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Nacional.
Se introdujeron cambios al modelo de gestión y a la administración de fideicomisos, permitiendo el uso de ingresos provenientes de actividades permitidas dentro de las áreas protegidas. Además, se reforzó la «prohibición» de actividades extractivas en todas las áreas protegidas, no limitándose únicamente a territorios indígenas.
Para Centeno, la normativa «prohíbe» expresamente cualquier actividad de explotación de recursos no renovables o extractivismo dentro de estas áreas, garantizando los derechos colectivos de pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades.
La ley incluyó ocho artículos principales, tres disposiciones generales, cinco transitorias y siete reformas legales que afectan a normativas como la Ley de Movilidad Humana, el Régimen Tributario Interno, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Aviación Civil, la Reforma Tributaria de 2001 y la Ley del Servicio Público.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
