La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en Quito, inició el pasado jueves, 10 de julio, un proceso de control y seguimiento sobre las acciones de los operadores de justicia relacionadas con la denuncia presentada el anterior martes, 8 del presente mes, contra el exasambleísta correísta, Santiago Díaz, quien es acusado de una presunta violación contra una adolescente de doce años.
La iniciativa para abrir este proceso fue propuesta por el parlamentario oficialista, Isaac Solano, y recibió el respaldo de diez votos favorables.
Antes de la votación, la presidenta oficialista de dicha comisión, Diana Jácome, recordó que, según el artículo 233 de la Constitución, todos los funcionarios públicos son responsables por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, enfatizó que la Asamblea tiene la obligación de supervisar cualquier actuación que se aparte del marco legal.
Jácome también aclaró que esta fiscalización no vulnera la independencia judicial, establecida en el artículo 168, numeral 1, de la Constitución, ya que su finalidad es asegurar la transparencia del procedimiento.
“No vamos a juzgar las decisiones judiciales, sino las acciones tomadas en el contexto de este caso”, explicó.
Como parte de este proceso, se solicitará la comparecencia de Díaz, así como de las personas que firmaron el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que él presentó el pasado jueves, 3 del presente mes.
Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
- Diana Jácome (P) ADN7
- Edmundo Cerda (VP) PK18
- Isaac Solano ADN7
- Jorge Guevara ADN7
- Dominique Serrano ADN7
- Dina Farinango PK18
- Jorge Chamba ADN7
- Blasco Luna RC5
- Germania Romero RC5
- Otto Vera PSC6
Nota por: David Josue Quispe Franco.
