La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, consideró este miércoles que el Gobierno busca deslegitimar y debilitar la independencia de la Corte Constitucional (CC), después de que el máximo tribunal suspendió provisionalmente una serie de artículos de diversas leyes promovidas por el presidente, Daniel Noboa.
«Nos alarma la reacción de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea Nacional, (el oficialista) Niels Olsen, quienes, rodeados de policías, -en lugar de respetar la decisión- acusan a la Corte de favorecer al crimen organizado», señaló la Conaie en un comunicado.
«Esta narrativa perversa busca deslegitimarla, debilitar su independencia y justificar una ofensiva política contra la justicia constitucional. La función primordial de la Corte es ejercer control constitucional, no complacer a los intereses de turno», añadió el movimiento indígena.
En ese mismo sentido, la Conaie rechazó el «intento de socavar la institucionalidad democrática», pues aseguró que «ni la Corte ni las voces críticas disidentes» están «al servicio de ningún grupo delictivo».
Las acciones de la CC
La CC hizo pública este lunes su decisión de suspender de manera temporal los efectos de varios artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública, presentadas por Noboa en calidad de urgente, lo que obligó a la Asamblea a aprobar cada una en un plazo de treinta días.
Entre los artículos suspendidos se encuentran los más controvertidos de la Ley Orgánica de Inteligencia, como el hecho de que los agentes encubiertos puedan adquirir identidades falsas y que el sistema nacional de inteligencia pueda solicitar información a las empresas telefónicas y datos a otras entidades, así como disponer de fondos sin cumplir la ley de contratación pública.
Respecto a la denominada Ley de Solidaridad Nacional, cuyo propósito inicial era obtener mayores recursos para el desempeño de las fuerzas del orden contra el crimen organizado, la CC suspendió de manera preliminar el artículo que otorga a Noboa la prerrogativa del «indulto anticipado» a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del estado de «conflicto armado interno», que el mandatario declaró contra las bandas criminales a inicios de 2024.
El máximo tribunal de garantías de Ecuador también dejó en suspenso otros artículos relacionados con la misma medida que creaba un régimen jurídico especial bajo el estado de «conflicto armado interno» donde se establecía una serie de objetivos militares para que así fueran considerados por las fuerzas del orden.
Estas normativas fueron ampliamente criticadas por organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y de sindicatos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la CC- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.
Sin embargo, tras el anuncio de la Corte, Rovira y Olsen rechazaron la decisión en un mensaje, rodeados de varios policías y militares, y acusaron a los jueces de estar del lado «de los enemigos del pueblo».
Apoyo a la Corte
La Conaie vio con buenos ojos la decisión del alto tribunal ya que, aseguró, estas leyes «contienen disposiciones abiertamente inconstitucionales que amenazan derechos fundamentales».
«Con leyes tramitadas bajo el disfraz de ‘urgencia económica’ el Gobierno ha buscado concentrar el control del Estado, ampliando su capacidad de imponer decisiones sin debate democrático», afirmó la organización.
Y exhortó a la CC a «mantener su independencia» y «actuar en apego a la Constitución con firmeza ante otras leyes como la de Áreas Protegidas o el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales», también impulsadas por Noboa, que, según la Conaie, «amenazan derechos colectivos, territorios ancestrales y los derechos de la naturaleza».
«Hoy más que nunca, lo fundamental es defender la independencia de la Corte Constitucional como garantía de derechos, equilibrio de funciones del poder político y verdadera democracia», concluyó la Conaie, que lideró los levantamientos sociales de 2019 y 2022 contra los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente. EFE (I)