Alberto Molina Flores
Guayaquil, Ecuador
El lunes 22 de septiembre se produjo otra masacre carcelaria, esta vez en la cárcel de Machala, el saldo 14 muertos, 13 presos y un guía penitenciario; además, 14 heridos y la fuga de reos que posteriormente fueron recapturados: Y como si esto fuera normal, se requisaron armas de fuego y blancas, teléfonos celulares y explosivos. Después de apenas 72 horas tuvimos la noticia de otra masacre, en la cárcel de varones de Esmeraldas, un motín sangriento que dejó como saldo 17 presos muertos y 16 heridos, se incautaron 1 fusil de guerra, 1 pistola, 1 granada, varios machetes, armas blancas y 2 teléfonos celulares.
Las masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas siguen un mismo patrón de violencia carcelaria que se ha venido repitiendo en casi todas las cárceles del país, la rivalidad entre bandas ha generado asesinatos y las terribles masacres, especialmente entre Choneros, Lobos y Tiguerones, bandas criminales calificadas como terroristas.
La crisis carcelaria y de violencia criminal es de larga data en nuestro país, el sistema carcelario se lo ha manejado a “palo de ciego” por los diferentes gobiernos que han ignorado un tema complejo que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los problemas más graves y de difícil solución.
Las masacres carcelarias han sido una constante en nuestro país, sólo desde febrero de 2021 se contabilizan alrededor de 600 presos asesinados, todo esto como consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
El presidente Lenin Moreno en noviembre de 2018 mediante el Decreto Ejecutivo 560, dispuso la creación del “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores” (SNAI) como el ente responsable de la rehabilitación y reinserción de personas privadas de la libertad (PPL) y el desarrollo integral de adolescentes infractores; además, encargado de la coordinación, planificación, regulación, gestión y control del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
El Reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria señala que es “La entidad de carácter civil, armada, uniformada, jerarquizada, disciplinada, técnica, profesional y especializada, la responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de las cárceles.
Ahora que el SNAI pasó a depender del Ministerio del Interior, para que este organismo funcione adecuadamente se debería pedir ayuda y asesoramiento al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito, que trabaja para reducir el riesgo de que se produzcan delitos, abordando sus causas y ofreciendo soluciones.
Al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, se lo debe profesionalizar, al incorporar nuevos miembros, uno de los requisitos debe ser que hayan hecho el servicio militar –hombres y mujeres– y que su selección sea rigurosa (sin palanqueos ni compadrazgos).
Inicialmente, estos deberían formarse en la escuela de soldados del Ejército, con una malla curricular especial, una vez graduados y antes de ser asignados a los centros carcelarios deberán pasar por pruebas de confianza y sujetos a una permanente y adecuada rotación; además, no se puede improvisar y responsabilizar a militares o a policías para el manejo carcelario, al contrario, se debe incorporar a profesionales especializados en rehabilitación y administración carcelaria.