Guayaquil, Ecuador
El 17 de septiembre de 1996, en el gobierno de Abdalá Bucaram se creó la Comisión “Verdad y Justicia”, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) cometidos en Ecuador desde 1979; esta Comisión quedó en nada con la caída de Bucaram.
El 3 de mayo de 2007 Correa, crea otra “Comisión de la Verdad”, con el objetivo de investigar violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte activa de los subversivos, Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros de AVC. Este comité a las claras tenía sus propios intereses, es decir se constituyeron en “jueces y parte”.
La Comisión de la Verdad debió revisar e incorporar como parte del proceso de investigación el libro “Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura” del colombiano Darío Villamizar Herrera, representante del grupo subversivo M-19 y el libro “AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa”, cuyo autor es Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En los dos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos afines que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc.
En los dos textos citados, los protagonistas declaran, cómo secuestraron, cómo obtuvieron el dinero en asaltos a bancos e instituciones del Estado, cómo asesinaron a agentes del orden, cómo hicieron contacto con otros grupos subversivos de otros países. A qué países viajaron para entrenarse militarmente, etc.
En cualquier país democrático, las fuerzas del orden tienen la obligación de defender al Estado y a sus instituciones, dotados de armamento, bajo el amparo de la ley, tienen la legitima obligación de usar las armas para reprimir a las organizaciones delictivas al margen de la ley que, incluso, pretenden tomarse el poder a sangre y fuego.
En 2013 en el gobierno de Correa, se publicó la “Ley para la Reparación de las Víctimas” y se estableció la creación del “Museo de la Memoria”, hubiese sido loable esta iniciativa si era para la reparación de todas las víctimas de los abusos que hayan sufrido en todos los gobiernos y no direccionada para rendir homenaje a quienes trataron de socavar el imperio de la ley y la institucionalidad del país; además lo condecoraron post mortem al principal cabecilla del grupo subversivo AVC, refiriéndose al “heroísmo” y a la “lucha” de quien lideró ese movimiento sedicioso al margen de la ley.
Los Estados, a través de sus gobiernos legítimos, tienen la obligación de proteger a la sociedad de las rebeliones organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político, que tienen como objetivo tomarse el poder por las armas, haciendo uso de la fuerza para neutralizar y destruir a esas organizaciones que operan al margen de la ley, en contra de la seguridad del Estado y el orden constituido de un país.
Los subversivos del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) formaron parte del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana del Socialismo del Siglo XXI, como se ha señalado, amenazaron tomarse el poder por las armas, cometiendo todo tipo de delitos, asesinatos a miembros de la fuerza pública, asaltos a bancos, secuestros, robo de armas, etc.
Resulta insólito que en nuestro país, por haber cumplido fielmente su misión les hayan enjuiciado indebidamente a destacados miembros de las Fuerzas Armadas, acusados de crímenes de lesa humanidad; incluso, mientras cumplían injusta prisión domiciliaria, dos jefes militares de gran prestigio fallecieron; otros, actualmente sufren por más de 30 años el inaceptable escarnio de estar enjuiciados. En este caso solo se pide que se haga justicia.