El Gobierno británico propuso este martes reformar el modelo de financiación de la BBC, actualmente sufragado mediante un canon que pagan los hogares con televisor, así como los criterios de imparcialidad de la radiotelevisión pública, como parte de una revisión de sus estatutos, que caducan a finales de 2027.
La ministra de Cultura, Lisa Nandy, abrió un periodo de consulta pública hasta el 10 de marzo, en el que ciudadanos, organizaciones y expertos podrán pronunciarse sobre un plan a diez años que también prevé cambios en la gobernanza de la corporación y en sus obligaciones como medio de servicio público.
Esta propuesta llega en un momento crítico para la cadena pública británica, demandada en las últimas horas por el presidente estadounidense Donald Trump por valor de 5.000 millones de dólares por la «difamación» sufrida por la edición engañosa de un reportaje de la cadena donde se le hacía aparecer como incitando a una insurrección armada.
Para modernizar la denominada Carta Real -el marco constitucional que ‘gobierna’ la BBC desde poco después de su fundación en 1922-, el Ejecutivo laborista plantea buscar una financiación sostenible a largo plazo, en un contexto de caída del consumo de televisión tradicional y de creciente competencia de plataformas digitales de suscripción.
Entre las opciones sobre la mesa figura la reforma del canon televisivo, cuya recaudación ha caído debido a la migración de audiencias hacia los servicios de ‘streaming’, y que es criticado por detractores del sector privado por su supuesta competencia desleal.
El Gobierno estudia también la actualización de las exenciones vigentes, por ejemplo para jubilados y rentas bajas, y la posibilidad de que la BBC aumente sus ingresos comerciales mediante licencias, ventas internacionales y acuerdos con productores independientes.
Además, se evalúan fórmulas específicas de financiación para el Servicio Mundial, que transmite noticias y contenidos de la BBC a nivel global, y para las emisiones en lenguas minoritarias.
El Gobierno propone además reforzar los requisitos de imparcialidad, precisión y rendición de cuentas, incluyendo medidas para garantizar la independencia editorial frente al poder político y aumentar la transparencia en la toma de decisiones.
Según datos oficiales, la BBC es el mayor inversor individual en contenidos audiovisuales británicos, emplea a más de 20.000 personas y genera unos 5.000 millones de libras anuales para la economía del país, con un alcance global de 453 millones de personas a la semana.
Al presentar su plan, Nandy afirmó que la emisora «debe seguir siendo firmemente independiente, responsable y capaz de ganarse la confianza del público» y «financiarse de forma sostenible y justa».
«Como Gobierno nos aseguraremos de que esta revisión de la Carta sea el catalizador que ayude a la BBC a adaptarse a un panorama mediático en rápida transformación y garantice su papel en el corazón de la vida nacional», añadió. EFE (I)