La mayoría Legislativa liderada por el oficialismo ADN, logró tener los votos necesarios (79) para fiscalizar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la compra de 60 trolebuses eléctricos.
La decisión exige a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana que inicie un proceso integral de fiscalización sobre el accionar del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición.
Asimismo, la resolución estipula que se emita la resolución al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano para los fines legales correspondientes. El Pleno precisó que el proceso se sustenta en las atribuciones de fiscalización y control político que reconoce la Constitución a la Asamblea.
También aclaró que el control no invade competencias de otras funciones del Estado y se enmarca en la revisión de decisiones administrativas y contractuales adoptadas desde el ámbito municipal.
Informe de Contraloría fue vinculane dentro de la decisión de la Asamblea
Al incio del debate el legisaldor del oficialismo, Xavier Ordóñez, quien propuso de la iniciativa, expuso observaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas con la compra de los trolebuses.
Según lo señalado en esos informes, se incluyen indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares contra Muñoz. El proceso de adquisición bordeó los 35 millones de dólares.
Ordóñez sostuvo que la fiscalización apunta a revisar un modelo de contratación pública que utiliza recursos estatales, y no a una sanción personal. En ese marco, el control se centra en la forma en que la administración municipal condujo el proceso. (I)