Guayaquil, Ecuador
Con los múltiples casos de corrupción e irregularidades dentro de instituciones públicas como la detención de funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito por delincuencia organizada y cobros ilegales para agilizar trámites; el proceso judicial contra el alcalde Guayaquil por presunto lavado de activos; o la destitución de jueces anticorrupción que intervenían para favorecer a procesados vinculados con delitos graves, queda en evidencia la gravedad del problema que enfrentamos.
Estos son solo algunos ejemplos, entre muchos otros, que han generado escándalos, investigaciones y sanciones. Lo que vivimos actualmente con la corrupción institucional no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural de nuestro país, que alcanza a todos los niveles del Estado: prestadores de servicios públicos, gobiernos locales, sistema judicial y muchos otros.
Esto no es únicamente un problema moral ni se reduce a la existencia de malos funcionarios. Es sobre todo, un fenómeno que surge del propio diseño del poder estatal. Cuando el Estado tiene la capacidad de otorgar licencias, conceder subsidios, regular sectores económicos o repartir contratos se crea un entorno de privilegios por decisiones políticas.
En ese contexto, para muchos funcionarios surge la tentación y la oportunidad de aprovechar ese poder en beneficio propio. Pensadores como Ludwig Von Mises o Friedrich Hayek sostenían que la corrupción no es una anomalía dentro del sistema, sino el resultado lógico de un esquema donde el poder político decide quién gana y quién pierde.
La intervención económica crea oportunidades de corrupción. A mayor intervención del Estado, más permisos, más regulaciones y asignación política de recursos, mayor espacio para los sobornos, tráfico de influencias y favoritismos.
Todo esto afecta también la economía de las familias y el crecimiento económico de nuestro país. En un mercado libre los empresarios compiten sirviendo mejor al consumidor, en los sistemas altamente regulados como el nuestro, el incentivo puede desplazarse hacia competir por favores en lugar de buscar la eficiencia y la innovación.
Si queremos soluciones reales al grave problema que estamos viviendo, no basta con fomentar más controles, más fiscalización y más supuestos organismos anticorrupción. Hay que reducir el tamaño del Estado, limitar su poder discrecional y establecer reglas generales iguales para todos sin privilegios sectoriales. Donde menos decidan los políticos menos incentivos habrá para corromper decisiones.
Dejar atrás la corrupción estatal implica discutir seriamente el tamaño y el alcance del Estado en nuestra vida cotidiana.