Guayaquil, Ecuador
Si se prolonga la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán, se avecina una crisis de severas repercusiones en la disponibilidad y precios de los alimentos a nivel global.
El aumento de los costos de la energía, el transporte y los fertilizantes configura un escenario complejo. Esto se explica, por el control que ejerce Irán sobre la ruta comercial del Estrecho de Ormuz.
A la incertidumbre en los mercados petroleros ocasionada por la guerra se suma la preocupación por los fertilizantes, un recurso vital para la agricultura.
El gas natural licuado, clave en la producción de fertilizantes nitrogenados como la urea, empieza a registrar retrasos en los envíos y alzas en los precios internacionales. Un tercio del comercio marítimo global de este insumo transita por el Estrecho de Ormuz. De prolongarse la interrupción, se afectará la seguridad alimentaria a nivel mundial.
Como consecuencia del conflicto, el precio internacional de la urea se ha incrementado desde 400 dólares por tonelada hasta los 680 dólares en abril, lo que representa un alza de alrededor del 70% en apenas cuatro meses. Este aumento ya se refleja igualmente en el mercado local.
El Ecuador es altamente vulnerable a la situación de este nutriente agrícola, puesto que dependemos de las importaciones. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, en el año 2025 se importaron fertilizantes por un valor de 720.7 millones de dólares, que corresponden aproximadamente al 60% del valor total de las compras al exterior de insumos agrícolas.
Los fertilizantes representan en promedio entre el 20% y 35% de los gastos, según el cultivo y el paquete tecnológico utilizado. En el corto plazo, con la tendencia actual el impacto más evidente será el aumento promedio de no menos del 25% en los costos de producción por hectárea, sin incluir los incrementos en los costos de transporte y operación de maquinarias por el alza del diesel.
El problema no radica únicamente en que el fertilizante sea caro, sino en la cadena de efectos que se desencadena a partir de esa situación. Cuando el agricultor se ve obligado a usar menos cantidad de este insumo, inmediatamente se reduce la capacidad de los cultivos para alcanzar su máximo rendimiento.
Reducir o eliminar el uso de fertilizantes nitrogenados afecta directamente los rendimientos de los cultivos: sin aplicación, las pérdidas pueden superar el 60%; con reducciones del 50% de la dosis recomendada, la productividad puede disminuir en más del 40%.
Las decisiones de los agricultores —reducir dosis, priorizar cultivos más rentables y sembrar menos área— amplificarán el problema, generando un círculo de menor producción y productividad, mayores precios al consumidor y pérdida de competitividad.
Por consiguiente, en lo inmediato, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, más allá de los kits de insumos que normalmente entrega a los agricultores, debe enfocarse en evitar la caída de la productividad.
En este sentido, no solamente resulta necesario reducir el costo a través de subsidios a los segmentos sensibles, sino también coordinar con el sector privado para realizar compras anticipadas del insumo y establecer líneas de crédito que contemplen el incremento en los precios de los abonos.
El desafío inmediato es construir una estrategia conjunta entre el Estado, el sector privado —importadores de fertilizantes— y los productores, que definirá si el agro ecuatoriano logra resistir o cede ante la crisis.