Quito, Ecuador
El 13 de febrero, la Sala Civil de la Corte Suprema de Colombia recibió un recurso judicial. Diez sentencias citadas. Diez sentencias inexistentes. El abogado redactó el recurso con inteligencia artificial y lo firmó sin verificar referencia alguna. Cuando se confirmó la falta, el tribunal actuó: multa equivalente a 6.000 dólares y copia a la Comisión de Disciplina Judicial.
Ese caso no viajó mucho. En Ecuador, casi nadie lo reportó.
El 10 de marzo, el gobierno ecuatoriano presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estuvo la UNESCO. Estuvo el BID. El ministro de Telecomunicaciones habló de un «paso decisivo». Hay tres proyectos de ley en la Asamblea desde el año 2024. La Superintendencia de Datos emitió en febrero una norma sobre IA y datos personales.
La norma de datos protege un caso específico. Los proyectos de ley llevan casi dos años sin aprobarse. Mientras tanto, la IA ya opera en escritos legales, decisiones médicas, procesos de contratación, y no como experimento infrecuente sino como herramienta cotidiana.
Cuando algo falla, alguien tiene que responder. Pero sin una ley integral, la pregunta de quién responde (y bajo qué norma) no tiene respuesta clara en Ecuador.
La IA alucina, genera contenido falso con apariencia de real, y opera igual con o sin regulación. Regular es saber qué hacer cuando esta inteligencia falla. ¿Qué herramienta va a tener el juez cuando llegue un caso de alta gravedad? ¿Quién le responde al usuario de ese servicio?