El exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha desplegado una ofensiva legal para abandonar el centro de detención migratoria de Krome en Miami.
La defensa estructura su reclamo en tres ejes que acusan directamente una supuesta persecución política coordinada entre el Gobierno de Daniel Noboa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es decir habla de un «complot» entre Noboa y Donald Trump para mantenerlo encerrado.
Los abogados de Serrano sumaron también denuncias de una presunta detención arbitraria y fallos en el debido proceso. Este recurso judicial es el último intento por conseguir la libertad de Serrano tras haber obtenido el bloqueo a su deportación.
En la demanda, el abogado Andrew Clopman detalla que el exministro mantiene una influencia significativa en redes sociales, destacando sus más de 700.000 seguidores en la plataforma X desde donde emite críticas abiertas hacia sus opositores políticos.
«Noboa había pedido a los funcionarios estadounidenses que arrestaran (a Serrano), pero hasta ese momento se habían negado», dijo Clopman.
Asimismo, Clopman adjuntó una carta en la que Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, habría afirmado que el asesinato de su esposo ha sido manipulado recurrentemente con propósitos políticos.
Serrano es parte de los procesos como presunto autor intelectual del crimen de Villavicencio. Si regresa a Ecuador, tendría que cumplir prisión preventiva.
El defensor también alega ante la corte federal que el prolongado arresto de su cliente posee un carácter punitivo y carece de cualquier justificación procesal legítima. La reclamación se centra en que Serrano habría sido exigido a demostrar que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, cuando era el Estado el que debía demostrar lo contrario.
El giro más notable de su historial se dio el 13 de mayo de 2026, cuando la jueza de inmigración Romy Lerner denegó su petición de asilo, pero admitió a su favor un amparo protector sustentado en la Convención contra la Tortura. Hasta el 12 de junio, el Gobierno de EE.UU. puede apelar ese fallo. (I)
