Tras conocerse la vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, la cual fracasó por segunda vez, esto provocó el enojo del juez Jairo García de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
En eso, el magistrado aclaró que no permitirá más dilaciones de la audiencia. «En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales», dijo molesto el juez.
Asimismo, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.
El juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso contra Álvarez.
«Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación».
Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que «de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar».
En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol. (I)