El expresidente Guillermo Lasso reaccionó al atentado con explosivo en Quito en las oficinas de la Agencia de Control Minero en la República de El Savador y Eloy Alfaro. En su cuenta de X, Lasso escribió:
«Frente al acto de terror perpetrado esta madrugada en Quito, los ciudadanos debemos cerrar filas junto al Estado y respaldar a sus instituciones. Cuando un gobierno enfrenta con decisión a la minería ilegal y al crimen organizado, la respuesta de las mafias es la violencia. No podemos ceder ante el miedo«, expresó el expresidente.
Luego añadió: «Mi solidaridad con los servidores públicos afectados y mis deseos de pronta recuperación al guardia herido. En la lucha contra el crimen no deben existir diferencias políticas. La unidad del país es fundamental para derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo», concluyó su texto.
La Policía ecuatoriana investiga un atentado con explosivos ocurrido la madrugada de este lunes en las afueras de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que afectó también a su vecino Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), situados en el centro norte de Quito.
En un comunicado, la ARCOM señaló que sus instalaciones, en Quito, «fueron objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó daños materiales en el edificio de la planta central y en inmuebles aledaños», como el MAG, donde también funciona la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y donde tiene oficinas la Cooperación Alemana GIZ.
La Policía investiga el tipo de explosivo utilizado contra las instalaciones de la ARCOM y analiza las características de un panfleto hallado en el lugar.
«No podemos determinar todavía si se trata de un grupo delictivo, o persona a quién atribuirla», dijo un agente de la Policía en las afueras de la ARCOM, el organismo estatal encargado de vigilar, auditar y controlar todas las fases de la actividad minera en el país.
Detalló que hubo dos detonaciones realizadas a la misma hora y una de ellas «por iniciación manual de los individuos que habrían dejado este artefacto explosivo».
Policía herido
«Afortunadamente no tengo ninguna persona herida ni fallecida», agregó el agente, mientras la ARCOM indicó que un integrante de su equipo de seguridad «resultó afectado por la onda expansiva y recibió atención oportuna, encontrándose fuera de peligro».
La ARCOM condenó «enérgicamente este acto de violencia e intimidación contra la institución. Este ataque no detendrá las acciones que el Estado impulsa para combatir la extracción ilícita de minerales. Ninguna amenaza ni acto criminal frenará nuestra labor de regulación y control», señaló en un comunicado.
La Policía Nacional recibió la alerta del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) y acudió al sector de las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, una zona concurrida de la capital, para verificar la detonación ocurrida a las 03:45 hora local (08:45 GMT).
De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad, acordonaron el lugar y coordinaron la intervención de las unidades especializadas para el levantamiento de indicios y el desarrollo de las diligencias de investigación correspondientes.
En sus redes sociales, la Policía anotó que ejecutó «una explosión controlada para neutralizar un artefacto y proteger a la ciudadanía».
Carro incinerado
También este lunes, a pocas cuadras de la ARCOM, se encontró un vehículo incinerado. «Sin dar mayor detalle, puedo decir que sí tiene relación con el evento. Sabemos por cámaras que el vehículo fue utilizado y habrían cambiado de vehículo e incinerado posteriormente», dijo el agente de policía.
El pasado jueves, el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía detonó de manera controlada un artefacto explosivo que había sido abandonado en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito y que tenía un mensaje con amenazas hacia jueces.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.
El Gobierno calificó de «terroristas» a los grupos criminales, a los que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.
Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de 9.281 asesinatos, que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
- Con textos de EFE