Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que terminó así su primera fase, el juez Giovanny Freire desestimó los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia alegados por las defensas de los implicados, y declaró la validez procesal de todo lo actuado en el expediente.
Así se ratificó la orden de prisión preventiva en contra Xavier Jordán y José Serrano, ambos están Estados Unidos pero sólo Serrano yace detenido allá, debido a que, el Magistrado ratifica la legalidad de la instrucción fiscal y deja el camino despejado para ingresar a la etapa de evaluación de pruebas.
De este modo, la fiscal Ana Hidalgo acusó a los procesados. Expuso que Fernando Villavicencio fue asesinado premeditadamente y no fue un hecho aislado sino que su asesinato fue ejecutado por una gran estructura criminal organizada que operó en tres fases distintas: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad.
I. Planificiación
La fiscal señaló que la planificación para asesinar al entonces candidato presidencial fue debido a sus denuncias públicas, la Fiscalía identificó a Xavier Jordán como el núcleo o agente determinador.
Según la Fiscalía, Jordán motivó la iniciativa del acto criminal y financió el atentado porque las investigaciones de la víctima afectaban sus intereses económicos y lo exponían mediáticamente junto al narcotraficante Leandro Norero también asesinado.
Aquí va el segundo actor: para Hidalgo era necesario materializar este plan, allí aparece el exministro de Rafael Correa, José Serrano, que habría actuado como un personaje estratégico y proveedor de capacidades institucionales, transformando la intención en una operación ejecutable al utilizar sus contactos en las unidades de inteligencia de la Policía Nacional para vulnerar la seguridad del candidato, obtener sus rutinas precisas y definir el momento exacto para atentar contra su vida.
El siguiente eslabón era el exasambleísta Ronny Aleaga, según la acusación fiscal, fungió como un «procurador político criminal cooperativo», sirviendo de nexo entre la esfera política y la estructura delictiva, llegando incluso a participar mediante la aplicación Silent en una reunión en Cali, Colombia, para concertar el pago del crimen.
Finalmente, la cadena se completa con Daniel Salcedo que operó como el facilitador logístico y financiero, realizando los primeros seguimientos a la víctima en 2022 y actuando como el puente directo que conectó a los autores intelectuales con los líderes de la organización narcoterrorista Los Lobos.
II. Ejecución
Ésta se concretó el 9 de agosto de 2023 a la salida del excolegio Anderson en Quito, donde Villavicencio falleció por un traumatismo craneoencefálico severo por varios impactos de bala. El inicio fue Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ que habría actuado como director operativo al mando, aceptando el encargo por la suma de 1 millón de dólares, activando los recursos criminales y autorizando directamente el asesinato.
La Fiscal unió los cabos y precisó que alias ‘Lobo Menor’ habría operado como subdirector y habría convertido las órdenes en acciones concretas. Esto quiere decir que supervisó la logística delegada a Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, quien controló a la célula de ejecutores y ya fue sentenciado como autor material del crimen.
Sin embargo, falta el tema del financiamiento. Éste estuvo a cargo de Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, quien, dijo Hidalgo, recibió el dinero de los financistas, lo redistribuyó y viajó físicamente a Cali para entregar los recursos a las disidencias de las FARC, logrando así el reclutamiento y la contratación de los sicarios colombianos.
Para la investigadora, estas coordinaciones se realizaron bajo un esquema de clandestinidad, utilizando aplicaciones prepagadas como Threema y Signal, empleando códigos alfanuméricos y llegando al extremo de desechar dispositivos móviles en el mar para eludir rastreos.
III. Impunidad
El crimen debía aparentar ser perfecto y no dejar al descubierto a sus autores, siendo ésta, quizá la parte más compleja de la operación incluso más que la propia ejecución. La fiscal Ana Hidalgo denominó a esta última fase la de «aseguramiento de impunidad y obstrucción de la investigación».
Así, ante el juez de la causa, Hidalgo expresó que se activó de forma posterior al asesinato del excandidato presidencial, momento en el cual las personas procesadas empezaron a operar de forma conjunta con otros actores para ejecutar múltiples actividades orientadas a generar impunidad en el hecho.
En esencia, los procesados del caso tenían como fundamental objetivo «obstaculizar de manera desmedida el descubrimiento de la verdad procesal», concluyó. (I)
