El nuevo juez temporal del Caso Goleada, José Sebastián Cornejo Aguiar, declaró la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia. La decisión se tomó la noche del 23 de agosto de 2026, retrasando un proceso por presunto lavado de activos que suma más de 193 días estancado en esta fase.
José Sebastián Cornejo asumió el expediente de manera temporal tras la suspensión del juez anterior, Jairo García, quien fue sancionado por presunta negligencia en otra causa por un imputado en un caso de tráfico de armas. La noche del domingo 23 de agosto de 2026, Cornejo resolvió declarar la nulidad de toda la audiencia preparatoria de juicio que se venía realizando desde el 3 de agosto.
Con esta resolución, el caso que involucra al alcalde Aquiles Alvarez y a varios procesados retrocede y alarga la etapa previa al juicio, acumulando más de seis meses sin superar esta fase. Cornejo además declaró la nulidad de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, del 3, 5, 11, 15 de agosto de 2026. Abogados del caso mencionaron que la audiencia deberá reiniciarse desde el principio. Con esto, se afecta totalmente el cronograma de García en este caso.
El lado electoral del caso
Luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, indicara que los cuatro procesados del caso Goleada no tienen inmunidad electoral ya que sus candidaturas no están en firme, el juez anticorrupción Jairo García resolvió avanzar con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esto se da ya que Gastón Loy, Pedro Hidalgo, David Alvarez y Fiorella Ycaza, estos últimos primo y esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, respectivamente, se han inscrito para participar en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos se reinstaló cerca del mediodía de este martes,18 de agosto. Los imputados usaron dos horas de fundamentaciones para que la diligencia nuevamente se suspenda hasta que el CNE certifique si se ha completado el proceso de inscripción de los candidatos con la calificación de los mismos. Luego de ello, y tras la resolución del CNE, el juez García se tomó cerca de una hora para deliberar y finalmente rechazó las solicitudes hechas por las defensas de los procesados.
Esta diligencia se encontraba suspendida desde el 15 de agosto pasado. Garcia solicitó al CNE certificar si el procesado Gastón Loy o cualquier otro investigado en esta causa contaban como inscritos y tenían una candidatura calificada dentro del proceso electoral con miras a elegir el 29 de noviembre próximo.
García leyó la resolución del CNE y luego añadió:
«Como se ha establecido la mera postulación, generación o impresión de formularios, registro de inscripción ante una organización política a cargo informática o finalización administrativa del trámite de inscripción, no puede equipararse a una candidatura calificada por la autoridad electoral competente. Precisar además que esta decisión no limita, desconoce, ni prejuzga los derechos políticos de ninguno de los hoy procesados, ni interfiere en las competencias del CNE o, en su caso, el Tribunal Contencioso Electoral. Por el contrario, la decisión se fundamenta precisamente en la información oficialmente proporcionada por el órgano electoral competente y respeta la distribución constitucional de competencias entre la Función Judicial y la Función Electoral», concluyó.
Del lado de los procesados, Julio César Cueva, abogado de Fiorella Ycaza (que también es del alcalde Alvarez y de sus hermanos Xavier y Antonio), lo que debió suceder es que la audiencia se suspenda por tres o cuatro días. Argumentó que se debía conocer cuál es el resultado final de la Junta Electoral del Guayas sobre las inscripciones de su cliente y de otros coprocesados.
Cueva argumentó que continuar con el proceso sería vulnerar el derecho que tienen como ciudadanos a ser elegidos y, además, se atentaría contra el principio de celeridad, pues de seguir con la audiencia, es muy probable que en unos días más se deba suspender la diligencia y no se habría ganado nada.
Los demás señalados dentro del caso, también se sumaron a las peticiones de Cueva, pese a no estar candidatizados a ninguna dignidad. Dentro del caso Goleada, el fiscal Dennis Villavicencio acusa a Aquiles Alvarez, a su entorno familiar: su madre, esposa, sus hermanos Xavier y Antonio y sus primos y a otros de conformar una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que habría servido para lavar activos. (I)