El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió la denuncia por supuesta infracción electoral presentada en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, salvaguardando momentáneamente su carrera hacia la reelección para los comicios seccionales de noviembre.
La resolución fue dictada la tarde de este 25 de agosto de 2026 por la presidenta del organismo y jueza de la causa, Ivonne Coloma Peralta. En su fallo, la magistrada determinó que la institución carece de competencia para resolver el reclamo bajo los términos en los que fue planteado.
En el marco del periodo de campaña electoral hacia los comicios del próximo 29 de noviembre, el panorama político de la capital sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza de instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, resolvió rechazar la denuncia planteada por la ciudadana Jennifer Alicia Celorio Suárez en contra del primer personero municipal.
La denuncia, interpuesta por Jennifer Alicia Celorio Suárez, acusaba a Muñoz de cometer una infracción electoral muy grave al presuntamente interferir en el normal funcionamiento de la función electoral. El reclamo se basaba en la participación del alcalde en la aprobación de una resolución del Concejo Metropolitano el 21 de julio, que rechazaba la exclusión de organizaciones políticas.
Los argumentos jurídicos del rechazo
A pesar de un plazo para aclarar la denuncia, la jueza Coloma determinó que la parte acusadora no pudo precisar la supuesta interferencia de Muñoz en el proceso electoral. En la resolución, se señaló que las acciones del alcalde corresponden a sus funciones locales bajo el Cootad y no a competencias del TCE, subrayando que la inadmisión no juzga la legalidad de la resolución municipal emitida.
El panorama de la reelección
El archivo de esta denuncia es crucial para el burgomaestre, ya que la supuesta infracción acarreaba sanciones como la destitución y suspensión de derechos políticos, lo que habría interrumpido su campaña. Muñoz busca la reelección, apoyado por una alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular, tras la suspensión temporal de Revolución Ciudadana. La parte denunciante aún puede apelar esta decisión de primera instancia ante el Pleno del TCE.
La denuncia de Juan Esteban Guarderas
La pugna formal comenzó entre finales de 2023 y principios de 2024, cuando Guarderas —actuando como ciudadano— interpuso una queja formal ante el TCE. En esa ocasión, acusó a Muñoz de cometer una infracción electoral grave al realizar proselitismo político y promover la candidatura presidencial de Luisa González mientras ejercía sus funciones como alcalde. El proceso civil derivó en una sanción económica de USD 9.200 y disculpas públicas.
Nueva arremetida mediante aliados jurídicos
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El conflicto sumó un nuevo capítulo el 21 de agosto de 2026, al ingresarse una nueva denuncia en el TCE bajo la causa de la jueza Ivonne Coloma. Aunque el recurso no fue firmado directamente por Guarderas, la denunciante es Jennifer Alicia Celorio Suárez, quien funge como gerente de la firma legal Responsibility-RSG S.A.S., empresa donde Juan Esteban Guarderas es accionista principal.
La acusación señala a Muñoz por una presunta infracción tipificada en el artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la interferencia de autoridades ajenas en el funcionamiento electoral. (I)