El escenario político de la capital de cara a las próximas elecciones seccionales se intensifica. Juan Esteban Guarderas, activista y precandidato a la Alcaldía de Quito, vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse los nexos con la última denuncia que busca obstaculizar la reelección del actual burgomaestre, Pabel Muñoz.
Antecedentes y la denuncia directa
La pugna formal comenzó entre finales de 2023 y principios de 2024, cuando Guarderas —actuando como ciudadano— interpuso una queja formal ante el TCE. En esa ocasión, acusó a Muñoz de cometer una infracción electoral grave al realizar proselitismo político y promover la candidatura presidencial de Luisa González mientras ejercía sus funciones como alcalde. El proceso civil derivó en una sanción económica de USD 9.200 y disculpas públicas.
Nueva arremetida mediante aliados jurídicos
El conflicto sumó un nuevo capítulo el 21 de agosto de 2026, al ingresarse una nueva denuncia en el TCE bajo la causa de la jueza Ivonne Coloma. Aunque el recurso no fue firmado directamente por Guarderas, la denunciante es Jennifer Alicia Celorio Suárez, quien funge como gerente de la firma legal Responsibility-RSG S.A.S., empresa donde Juan Esteban Guarderas es accionista principal.
La acusación señala a Muñoz por una presunta infracción tipificada en el artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la interferencia de autoridades ajenas en el funcionamiento electoral.
Posibles consecuencias políticas
- Sanciones extremas: De admitirse el trámite y resultar culpable, Muñoz podría encarar multas drásticas, la destitución del cargo o la suspensión de sus derechos políticos por hasta un año, bloqueando por completo su reelección.
- Contienda interna: En paralelo, Guarderas oficializó su propia precandidatura para la Alcaldía de Quito cobijado por la Izquierda Democrática, posicionándose como rival directo del proyecto político de la Revolución Ciudadana en la capital.
Por su parte, el equipo legal de Muñoz y sectores afines catalogan estas medidas como una «persecución política» y una estrategia judicial para sacarlo de la contienda electoral antes de llegar a las urnas. (I)