Gerardo Verdecia
Guayaquil, Ecuador
Hace pocas semanas participé en un workshop académico que reunió a distinguidos profesores provenientes de toda la región, Europa y hasta Australia. ¿El objetivo? Presentar estudios preliminares acerca de los determinantes de la prosperidad en las sociedades. El tema fue abordado desde diferentes perspectivas traídas desde diferentes lugares del mundo. Países distintos, problemas distintos. A priori suena lógico. Sin embargo, una de las reflexiones que más tiempo ocupó en la discusión, por consenso espontáneo, fue la tan ampliamente debatida institucionalidad.
El término institucionalidad no es ajeno al Ecuador, como tampoco lo es para otros países y regiones del mundo. Es más, si hiciéramos un ejercicio de recopilación de los temas que más se han planteado como impedimentos para el crecimiento económico y la prosperidad en Ecuador, encontraríamos la “falta de institucionalidad” como una de las claras ganadoras. Usted mismo, lector, si es un consumidor recurrente de coyuntura, habrá escuchado ese análisis más veces de las que pueda recordar, año tras año.
Sin embargo, hablar de institucionalidad es tan difuso y complejo como tratar de entender las intenciones ocultas de los políticos ecuatorianos. El término se esconde detrás de explicaciones sobre la “arbitrariedad”, la “discrecionalidad de las instituciones” o incluso la “cultura”, así como las intenciones se ocultan detrás de las promesas de campaña. Si lo vemos con los lentes académicos, la cosa no mejora mucho. Empezaríamos a hablar de “instituciones formales”, “instituciones informales” o “instituciones evolutivas”.
Decir que hay que mejorar la institucionalidad del país es tan fácil de decir, pero tan difícil de entender y de ejecutar que, en la práctica, termina quedando en el baúl de los recuerdos. Es por eso por lo que, este servidor, en mi participación en el workshop, planteó entender el concepto de institucionalidad simplemente como controlar al poder. Si lo pensamos bien, de eso se trata, en cualquier lugar y en cualquier sector, país, institución, empresa, barrio, familia, transacción, planificación…
Desde el lado público es relativamente fácil de entender, pero mucho más fácil de ignorar, sobre todo por aquellos que se dedican a ejercer el poder profesionalmente. Los individuos que actúan desde el Estado tienen acceso a mucho poder proveniente de los recursos públicos, de la información privilegiada y de las relaciones de alto nivel. La corrupción es un acto de abuso de poder. La persecución, desde luego, es un acto de abuso de poder. La ineficiencia sin consecuencias, sin embargo, también es un caso de abuso de poder, el poder de no cumplir con sus funciones sin escrutinio. Todo lo que proviene del sector público, por naturaleza, ejerce poder sobre otras capas de la sociedad, esa es exactamente su función. El objetivo de la institucionalidad está en atar el trabajo del sector público para evitar que trabaje de más, ergo, para evitar que ejerza más poder del que debe.
En el lado privado funciona de la misma forma, con la única diferencia que, en lugar de regular el poder ejercido desde públicos a privados, se regula desde privados a otros privados. Los contratos protegen relaciones comerciales y extracomerciales, mientras las leyes y los juzgados lo limitan cuando los contratos no lo consiguieron.
Este, y no otro, es el primer objetivo de una sociedad que tenga como intención salir adelante. Controlar el poder para producir con mayores certezas y menos riesgos, controlarlo para no despilfarrar recursos en el robo y la ineficiencia de los “ejercedores profesionales de poder”, y controlarlo para, en suma, vivir mejor en sociedad.