El proceso judicial por presunta delincuencia organizada que involucra al expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y dos personas más sumó una nueva postergación. El Tribunal Penal no pudo reinstalar la audiencia pública de juicio en la que se tenía previsto anunciar la resolución oral de primera instancia.
Apenas quince minutos antes de la hora fijada para el inicio (19:30), la defensa del exmandatario de 74 años solicitó un nuevo diferimiento. El argumento legal presentado indicó que Bucaram Ortiz permanece internado en una casa de salud de Guayaquil debido a complicaciones derivadas de un severo cuadro cardíaco, tras haber sido sometido a una cirugía de emergencia días atrás. Su hijo, Abdalá «Dalo» Bucaram, ratificó la situación desde la clínica aduciendo que entregó el historial clínico y las facturas de ingreso pertinentes.
Bloque de búsqueda sin acceso
Ante la insistencia de la defensa, los magistrados ordenaron al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional acudir de inmediato al hospital para verificar el estado real de salud del procesado e intentar viabilizar una conexión telemática mediante Zoom. Sin embargo, los agentes policiales reportaron al Tribunal que el personal de la entidad médica no brindó las facilidades necesarias ni permitió el ingreso a las instalaciones para ubicar con exactitud el paradero del expresidente.
Fiscalía denuncia tácticas dilatorias
La fiscal del caso, Lidia Sarabia, expresó una enérgica preocupación por los reiterados aplazamientos que arrastra la causa, la cual acumula cerca de seis años de trámites y múltiples tropiezos —incluyendo la falta de peritos, el cambio de defensores e incluso un apagón eléctrico en días pasados. Sarabia calificó los hechos como una presunta maniobra dilatoria sistemática y solicitó una investigación formal, alertando al Tribunal que el caso corre un serio riesgo de extinguirse por prescripción de la acción penal de no emitirse un dictamen pronto.
El caso Pruebas COVID-19 investiga una supuesta red de corrupción del año 2020 que movilizó recursos y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para comercializar de forma irregular más de 21.000 pruebas de diagnóstico rápido y otros insumos médicos durante el pico más letal de la crisis sanitaria.
Al cierre de la jornada, el Tribunal dictaminó una nueva fecha de convocatoria para el próximo jueves 3 de septiembre de 2026, a las 17:00, bajo la advertencia previa de que las reinstalaciones seguirán agendándose de manera consecutiva hasta dar a conocer la resolución definitiva. (I)