Quito, Ecuador
José Serrano regresó esposado, encadenado y vestido de naranja. El Gobierno encontró en esas imágenes el retrato perfecto de un adversario caído y las convirtió en el centro de la conversación pública. Mientras el país contemplaba la escena, el caso Progen desaparecía discretamente de los titulares.
Serrano fue deportado, no extraditado. La extradición exige una solicitud formal y controles sobre los delitos que motivan la entrega. La deportación es una expulsión migratoria. Estados Unidos ha deportado a más de 675.000 personas desde enero de 2025 y Serrano fue una de ellas. Ningún tribunal estadounidense examinó las pruebas del caso Villavicencio ni confirmó su culpabilidad. La alerta roja de Interpol pudo influir en la decisión migratoria, pero tampoco equivale a una sentencia.
Esa precisión no cambia el resultado práctico. Serrano está en Ecuador, existía una orden de prisión preventiva en su contra y deberá responder ante sus jueces. Ahí debía terminar la intervención del Gobierno y comenzar el trabajo de la justicia. Reimberg decidió adelantarse al hablar de los delitos que Serrano “cometió”, mientras Noboa difundía las fotografías del detenido y lo presentaba como “nuevo huésped” de la cárcel del Encuentro. La detención quedó así convertida en una demostración de fuerza para los seguidores del Gobierno y en una advertencia para sus adversarios.
Mientras la atención permanecía sobre Serrano, la Asamblea aprobó con 80 votos del oficialismo y sus aliados un informe que descartó responsabilidad política de los ministros en los contratos fallidos con Progen y Austral. La votación pasó casi inadvertida, pese a referirse a contrataciones cuyo incumplimiento habría causado al Estado pérdidas superiores a USD 100 millones.
El informe merecía atención por lo que concluyó y, sobre todo, por lo que evitó investigar. La Comisión de Transparencia liberó de responsabilidad política a los ministros sin convocar a Roberto Luque ni a Inés Manzano, autoridades del sector durante el período examinado. No revisó sus decisiones ni escuchó sus explicaciones. La mayoría impidió que comparecieran y luego declaró que no existían actos u omisiones imputables a ellos. Fue una fiscalización sin fiscalizados.
El oficialismo intentó justificar la conclusión señalando que los ministros no firmaron los contratos. El argumento confunde responsabilidad contractual con responsabilidad política. La ausencia de una firma puede excluir una intervención directa en la contratación, pero no borra las obligaciones de conducción, supervisión y control. Si un ministro responde únicamente por los documentos que firma, la rectoría sirve para repartir cargos, anunciar proyectos y cortar cintas. Cuando llega la factura, el despacho queda vacío.
No existen elementos para sostener que la deportación de Serrano fue coordinada para encubrir la votación sobre Progen. Tampoco hace falta inventar una conspiración para reconocer el beneficio obtenido. El Gobierno explotó la noticia hasta la última fotografía y la atención generada redujo el escrutinio sobre una decisión legislativa que protegió políticamente a sus ministros.
La presencia de Serrano en Ecuador es una buena noticia. Las acusaciones en su contra son gravísimas y deben investigarse sin contemplaciones, mediante un proceso serio y sin privilegios. El debido proceso no lo absuelve ni disminuye la gravedad de los hechos. Impide que el entusiasmo del Gobierno sustituya a las pruebas.
Una justicia confiable aplica el mismo estándar a adversarios, aliados, exfuncionarios y autoridades en ejercicio. El poder disfruta de la justicia cuando el acusado pertenece al gobierno anterior. La prueba comienza cuando la investigación se acerca a quienes todavía mandan. En Ecuador sobran grilletes para los vencidos y siguen faltando controles para los vencedores.