Herhoura, Marruecos
Cuando Navi Pillay se enteró de que había ganado el Premio Nobel de la Paz, pensó que se trataba de una broma. Se encontraba en Núremberg, participando en un foro dedicado a examinar el debilitamiento de la Carta de las Naciones Unidas y los desafíos que enfrenta la justicia penal internacional.
En el mismo Palacio de Justicia donde fueron juzgados los principales dirigentes nazis después de la Segunda Guerra Mundial, una jurista que había dedicado su vida a combatir la impunidad recibía el reconocimiento más importante de su carrera. Entre los aplausos de sus colegas, insistía en que necesitaba comprobar que la noticia fuera cierta.
Pillay comenzó defendiendo a opositores al apartheid en Sudáfrica y posteriormente fue magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde participó en la histórica sentencia Akayesu, que reconoció que la violencia sexual puede constituir genocidio. Años después de que Pillay dejara el TPIR, trabajé en el equipo jurídico de una de sus Salas de Primera Instancia, donde mis colegas todavía recordaban su contribución a la jurisprudencia internacional.
Aquella experiencia también marcó mi manera de entender y enseñar el derecho internacional.
Recibí con especial satisfacción la noticia del Nobel concedido a Pillay, cuya trayectoria refleja el esfuerzo de una generación de juristas que contribuyó a consolidar las instituciones y desarrollar los precedentes que quienes ejercemos y enseñamos el derecho internacional seguimos estudiando y aplicando.
El premio adquiere especial importancia cuando algunos gobiernos cuestionan esas normas y presionan a las instituciones encargadas de aplicarlas, pues recuerda que la paz también exige justicia para las víctimas y responsabilidad por los crímenes cometidos.
Pillay ha experimentado esas presiones en su trabajo más reciente. En 2025 presidió la comisión de Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, una investigación cuyas conclusiones fueron rechazadas categóricamente por el Gobierno israelí, que también cuestionó la imparcialidad de la Comisión.
Es legítimo discutir los fundamentos jurídicos y las pruebas de un informe, especialmente cuando aborda acusaciones de semejante gravedad. Las obligaciones establecidas en la Convención contra el Genocidio deben aplicarse con los mismos criterios, independientemente de quién sea el Estado investigado o de sus alianzas estratégicas. Lo preocupante es que las discrepancias terminen convirtiéndose en campañas de intimidación o descrédito contra quienes tienen el mandato de investigar.
El mismo día del anuncio del Nobel, la administración de Donald Trump impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, después de haber sancionado a varios de sus funcionarios. Washington cuestiona las investigaciones que afectan a sus nacionales y las actuaciones judiciales contra dirigentes israelíes.
Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales también enfrentan presiones cuando sus decisiones contradicen los intereses de determinados gobiernos. Precisamente por eso se había convocado el Foro de Núremberg. Ochenta años después de la creación de la ONU, la prohibición del uso ilícito de la fuerza continúa siendo vulnerada, mientras algunos Estados pretenden sustraerse a los mecanismos de responsabilidad internacional.
Cuando las reglas dejan de limitar a las grandes potencias, los países con menor poder militar y económico pierden una de sus principales defensas frente a la imposición de la fuerza.
Al conocer el Nobel, Pillay recordó que muchas personas habían elogiado su valentía por las conclusiones de la investigación sobre Gaza y se preguntó por qué hacía falta valor para examinar los hechos y aplicar el derecho. Su pregunta merece atención porque la independencia judicial se pone a prueba precisamente cuando las decisiones afectan los intereses de quienes ejercen el poder.
Esto ocurre tanto en los tribunales internacionales como en los nacionales, aunque sus competencias y los asuntos que conocen sean diferentes.
En Ecuador, como en otros países, las tensiones entre el poder político y la justicia han sido recurrentes. Distintos gobiernos han intentado influir en los tribunales, cuyas decisiones suelen recibir apoyos o críticas en función de los intereses políticos que favorecen o perjudican. Criticar una sentencia y discutir sus fundamentos es legítimo, pero presionar o desacreditar a quienes la dictan puede comprometer su independencia.
¿Cuántos jueces se sienten verdaderamente libres de decidir contra los intereses del poder cuando saben que pueden convertirse en blanco de ataques o represalias?
La pregunta de Pillay interpela directamente a nuestra región, donde gobiernos de distinto signo han intentado someter la justicia a sus intereses políticos. Cuando un juez teme represalias por fallar contra el poder, los ciudadanos pierden una de sus principales garantías frente a los abusos de quienes gobiernan. La intimidación judicial puede surtir efecto incluso sin modificar una sentencia, porque también condiciona las decisiones que todavía no se han tomado.