En un clima de alta tensión política tras la sorpresiva aprehensión de la excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos, el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira, arremetió con dureza contra el movimiento Revolución Ciudadana (RC). A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus redes sociales, Neira expuso una supuesta red que conecta el denominado Caso Laberinto con la presunta corrupción en el Municipio de Quito.
Nexos financieros bajo la lupa
En su declaración, el secretario de Estado puso en duda la legalidad del financiamiento electoral del correísmo. Específicamente, Neira señaló la existencia de una red estructurada que habría canalizado un financiamiento de USD 500.000 sin justificar para la campaña presidencial del año 2023.
De acuerdo con los reportes gubernamentales y los hallazgos preliminares compartidos en sus plataformas oficiales, el funcionario vinculó esta anomalía económica directamente con otros dos frentes investigativos activos en la capital ecuatoriana:
- Contratos irregulares: Una estructura de contrataciones recurrentes y sospechosas en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito.
- Cobro de «vacunas»: La denuncia por presuntas extorsiones económicas institucionalizadas a proveedores y servidores públicos municipales del cabildo quiteño.
Exigencia de acción judicial
Neira reafirmó en la red social X que estas presuntas irregularidades forman parte de un mismo movimiento político y exigió a los fiscales y jueces actuar con rigor y celeridad ante el cerco de investigaciones que involucra a figuras clave de la Revolución Ciudadana. (I)
